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El casino Montecarlo Bingo
Club pidió amparo ante la sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia. Considera que el Decreto
Legislativo 930 violenta los derechos de audiencia y al trabajo.
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Contragolpe
Casino presenta amparo
El
casino Montecarlo, de Santa Ana, pide a la Corte Suprema de Justicia
suspender las inspecciones. Acusa a la Asamblea de no garantizar
el derecho de audiencia
Nacional
El Diario de Hoy
 nacional@elsalvador.com
Montecarlo Bingo Club, de Santa Ana, ha sido el primer casino que
ha presentado un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia
(CSJ).
“Vengo a demandar a la Asamblea Legislativa como cuerpo colegiado
que conforma el Órgano Legislativo”, dice el escrito,
presentado por el abogado José Ernesto Carranza Martínez,
apoderado general judicial de la sociedad “Winchester Trust
S.A. de C.V.”, propietaria del casino.
La casa de juego reclama por el Decreto Legislativo 930, el cual
faculta a las alcaldías a supervisar el ofrecimiento de juegos
prohibidos por la Ley y demandar a los infractores ante la Fiscalía
General de la República, a quien corresponde cerrarlos.
Según Carranza, el Decreto 930 viola algunas disposiciones
constitucionales, alegato rechazado por los diputados (ver nota
en página siguiente).
El casino solicita la suspensión provisional de la ejecución
de los actos promovidos por el decreto.
Además, pide que la Corte libre oficio al concejo de Santa
Ana para que se abstenga de realizar las inspecciones y a la Oficina
Regional de la Fiscalía no hacer el requerimiento exigido
por el Artículo 2 del decreto.
No obstante, la petición llega atrasada.
Orlando Mena, alcalde santaneco, fue el primer edil que dio cumplimiento
al Decreto 930.
La noche del martes inspeccionó el casino Montecarlo Bingo
Club.
Emplazamiento
El casino exige a la Corte Suprema “emplazar de la presente
demanda a la autoridad demandada, como lo es la Asamblea Legislativa”.
Según Carranza, el Decreto 930 no regula el derecho de audiencia,
contemplado en el Artículo 11 de la Constitución,
y atenta contra el derecho al trabajo (Artículo 2 de la Carta
Magna).
También acusa a la Asamblea de violentar el derecho de audiencia,
por tanto el afectado no puede discutir la validez de la sanción
que se ha hecho acreedor.
“No se le manda a oír para hacer valer su defensa ante
la autoridad administrativa, como sería el concejo correspondiente”,
dice el documento presentado.
Además, sostiene que el requerimiento fiscal sólo
procede para el juzgamiento de un ilícito penal.
La prohibición de los juegos de azar, apunta, no están
incluida en el Código Penal.
El recurso de amparo fue presentado a las 2:40 p.m. del martes.
Las peticiones
La sociedad “Winchester Trust S.A. de C.V.” pidió
ampararse al Decreto 930 al casino Montecarlo Bingo Club,
del cual es propietaria. Además, hizo estas otras
solicitudes:
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Alcaldía
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Fiscalía
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Asamblea
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Suspender inspección
El concejo de Santa Ana debe abstenerse a realizar
cualquier acto encaminado a cumplir con lo ordenado
por el Art. 2 del decreto. La inspección ya
fue realizada.
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Parar requerimiento
Pide librar un oficio a la oficina regional de Santa
Ana para que no realice el requerimiento fiscal que
ordena el Art. 2. La alcaldía aún no
ha presentado su informe.
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Emplazamiento
El casino pide a la Corte Suprema de Justicia emplazar
a la autoridad demandada, es decir, a la Asamblea
Legislativa, por haber aprobado el Decreto 930.
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