Decreto 930
Magistrado y ediles difieren en ejecución

El magistrado Marcel Orestes Posada y el alcalde de San Miguel aseguran que el Decreto obliga a las alcaldías a eliminar la autorización que tienen los casinos de funcionamiento

Antonio Soriano
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Orlando Roberto Mena Alcalde del Departamento de Santa Ana y Roberto Masariegos Gerente de Inspecciones de la Alcaldía de Santa Ana, realizon una inspección el Martes 13 de agosto por la noche en el Casino, Bingo Monte Carlos ubicado sobre la 25 Calle Poniente en el departamento de Santa Ana, el gerente financiero Julio Cesar Sandoval no permitió a El Diario de Hoy entrar al interior del lugar pero según el edil Orlando Mena el negocio cuenta con 68 Máquinas Tragaperros, 1 bongo y 1 juego de Poker, dichos juegos de Azar la cual son prohibidos por la ley y esta dispuesto a informar a la Fiscalía General de la República para que entre a desempeñar su función. Foto Digital Alex Sanabria

Las leyes son como la Biblia: cada quien tiene su propia interpretación. Eso sucede con el Decreto Legislativo 930, que ordena a los alcaldes buscar juegos prohibidos y a la Fiscalía cerrar los negocios infractores.

El magistrado Marcel Orestes Posada dice que los alcaldes deben retirar la autorización, pero los alcaldes efemelenistas de Nueva San Salvador y Santa Ana consideran que su función se limita nada más a inspeccionar e informar a la Fiscalía.

El Artículo 1 del decreto expresa que “los establecimientos donde se practiquen juegos prohibidos por la Ley serán sancionados, sin menoscabo de las demás disposiciones legales, con la cancelación de la matrícula o autorización, si es que la tuvieren”.

El magistrado Marcel Orestes Posada asegura que esa disposición obliga a las alcaldías a verificar y cancelar la autorización.

Refuerza su argumento al conocer que el Artículo 2 del Decreto expresa que los Consejos deberán supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente.

El único

“Lo que deben de hacer es verificar que en los casinos no funcionen juegos prohibidos y sin autorización”, sostiene Orestes Posada.

Luego de eliminar la autorización y si los casinos siguen operando, entonces la Fiscalía debe proceder al requerimiento fiscal, es decir, pedir a un juzgado que ordene el cierre del negocio, dice el magistrado.

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El alcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado, comparte esta interpretación.
Salgado aseguró el martes pasado, que para pedir el cierre de los casinos antes hay que retirar el permiso, al hacer eso, dice el edil, los casinos le pueden demandar.

Los alcaldes del FMLN han manifestado que están listos a ejecutar el decreto, sin embargo hasta ayer sólo Santa Ana había hecho la verificación (ver nota aparte).

Mena ha dicho que podría presentar a la Fiscalía el informe hasta después del 16 de agosto, porque, asegura, el decreto aún no se ha convertido en Ley de la República, debido a que no ha sido publicado en El Diario Oficial.

No obstante, el Decreto se convirtió en ley desde el 9 de agosto
Manuel Melgar, diputado del FMLN, apoya a sus correligionarios.

“El decreto manda a verificar a los alcaldes y notificar a la Fiscalía. En todo caso, hay que esperar que se aplique, para ver qué pasa”, dijo Melgar.

Aclaración
En la publicación de El Diario de Hoy de ayer, en la nota titulada “Casino Colonial niega vigencia de Ley de Policía”, se cita que el presidente del grupo Megavisión, Óscar Antonio Safie, es propietario del Hotel Siesta, donde funciona un casino.

Sin embargo, Safie aclaró ayer, a través del encargado de Prensa de Canal 21, Roberto Hugo Preza, que él no es el propietario del hotel, sino que “es uno de los principales accionistas”, y que eso no significa que esté haciendo un frente contra la Ley de Policía.

Sin comentarios
Hasta hoy, la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, la arenera Milagro Navas, no ha dado declaraciones sobre el De-creto 930. De los jefes edilicios que otorgaron permisos a los casinos, Navas es la única que ha guardado silencio. En su municipio funcionan dos casas de juego.

Los alcaldes estarán obligados a eliminar la autorización a los casinos que tienen juegos prohibidos, de acuerdo con el magistrado Marcel Orestes Posada. Igual opina el alcalde migueleño, Wilfredo Salgado.