“Hay constantes amenazas ”

Asumir el traslado de reos era necesario para que el nuevo proceso penal no colapsara. Además es imprescindible garantizar la protección de los jueces, que sufren constantes amenazas. Así lo explica el Presidente de la Corte, Dr. Agustín García Calderón

El Diario de Hoy
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Agustín Díaz Calderon, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Foto Jorge Reyes

El Diario de Hoy (EDH): ¿Cuáles son las razones por las cuales la Corte asumió el traslado y custodia de reos?
Agustín García Calderón (AGC): Al darse la nueva normativa en 1998 hubo necesidad de tener una nueva filosofía de trabajo para los traslados, cuya competencia es de la PNC y de Centros Penales. En ese momento y dado los recursos de que disponen, se pensó que era necesario colaborar con ellas en ese sentido y el 26 de juno del 2000 se firmó un convenio donde se fijó una cooperación institucional, para que no colapsara el sistema.

¿Por la necesidad de cumplir los plazos procesales?

AGC: Sí, para cumplir los plazos procesales y que los juicios no sufran atrasos.
En el pasado mucha vistas públicas se frustraban porque las instituciones encargadas no contaban con medios para el transporte de reos. ¿Esto es lo que se trató de evitar?

AGC: Sí, efectivamente en el pasado, aunque el proceso escrito, previo al 98, daba mayor libertad de movimiento. Ahora el proceso oral exige más agilidad. Habría una calamidad pública el día que no tengamos transporte de reos, por lo cual la Corte se vio en la necesidad de darlo.
Si no hay transporte a tiempo, se atrasan los procesos y permanece incierta la situación, sobre todo, de los reos sin sentencia, ¿no es así?

AGC: Sí. Esto realmente impactaría ese viejo problema en El Salvador de reos sin sentencia. Habría un retraso y una mora judicial altísima si la Corte no efectuara el traslado de reos.
¿Cuántos traslados de reos se efectúan al año?

AGC: Estamos hablando en realidad de una cifra redonda de más de 100 mil traslados por año.
¿Si la Corte no colaborara en este proceso, habría mucha inseguridad en cuanto al cumplimiento de los plazos?

AGC: Sí. El sistema, mientras lo administra la Corte, ha sido tan efectivo que los jueces siguen pidiendo que se administre con recursos internos. Desde luego que siempre lo puede hacer la PNC o la Dirección de Centros Penales, pero sería gravísimo para el país si vemos el otro lado de la medalla: si, por ejemplo, a fuerza la Policía Nacional Civil tuviera que hacer estos 90 mil o más traslados anuales, amén de las exigencias de trabajo que ya tiene. Esta es la razón por la cual la Corte Suprema de Justicia lo hace utilizando sus recursos propios.
¿Cuánto tiene que erogar la Corte para este programa?

AGC: Es un poco menos del 10 por ciento del total del presupuesto. Este es de 110 millones. Es un poquito menos de 10 millones de dólares.
Hace 8 años fue asesinado en San Antonio Abad un juez de lo penal y anteriormente habían matado a un juez de lo militar. ¿A partir de esto se reforzó la seguridad de los jueces?

AGC: Mataron varios jueces, como recordará. Ahora se ha agregado una realidad: con la oralidad, los jueces tienen una mayor proximidad con los procesados, es decir, personas que pueden tener relación con pandillas o grupos delincuenciales. Hemos tenido, para ejemplo, que dar seguridad adicional a jueces de menores y vigilancia. Este es el fundamento del programa de seguridad para los 15 magistrados de la Corte más los 627 magistrados y jueces de todo el país.
¿Y las amenazas son constantes?

AGC: Sí, son constantes, para el caso de pandillas que tienen relación con zonas de internamiento de menores o de reos en los reclusorios. Ha habido amenazas, pero nuestros jueces tienen la valentía de seguir adelante sin necesidad de este soporte. Si cada uno de nuestros jueces lo requirieran, sería inimaginable la cantidad de policías que se necesitan.
¿La Corte de Cuentas nunca les ha puesto reparos?

AGC: Ningún reparo y ella audita en la Corte. No hay plazas fantasmas, no hay nadie que no se sepa quién es. La Fiscalía tampoco lo ha hecho.
¿Qué panorama tienen los jueces ahora que las bandas están más “profesionalizadas” y son más sanguinarias que en el pasado?

AGC: Hace unas semanas se decía que las bandas delincuenciales y el crimen organizado van subiendo por el ascensor y que el sistema de justicia va por las gradas. En realidad parece que es cierto. Pero con todo quizás lo bueno sea que en un segundo momento vemos una parte importantísima en El Salvador: acabamos de tener uno de los registros quizás inéditos en el país como lo es que en el caso de los secuestros tenemos cero impunidad. Nuestros jueces, cuando les llevan buena prueba y tienen buenos elementos, han estado aplicando la justicia para mejor servidumbre jurídica de la ciudadanía.
Además del componente de una buena estabilidad, debe haber una buena seguridad...

AGC: Nosotros tenemos que estar en condiciones de brindar autonomía e independencia. No es necesario que cada juez debe ser un héroe, sino que realmente tenemos que hacerle saber que tras de él existe un sistema que le garantiza su propia eficiencia y su independencia.
¿Es cierto que hay personas en el equipo de seguridad que en el pasado tuvieron problemas legales pero que fueron eximidas de cargos?

AGC: Bueno, en el país priva el principio de inocencia. No obstante que precede a mi llegada a la Corte (antes del 1 de julio de 2000) que ingresan todas las personas que se mencionaban y ciertamente tenían y disfrutaban del principio de inocencia. Hemos indagado de cada uno de ellos tiene la documentación de sobreseimiento o declaratoria definitiva en sentencia de su absolución. Pretender que esta gente siga siendo sospechosa de hechos de los que se les ha absuelto podría significar una muerte civil y una falta de certidumbre para la sociedad.

“Acabamos de tener uno de los registros quizá inéditos en el país como lo es lograr cero impunidad en secuestros”