La columna nacional
Un error muy serio que debe ser corregido ya

Por Roberto López-Geissmann*
El Diario de Hoy
editorial@elsalvadorl.com

Enunciado simple y claro del problema: En muchas oficinas gubernamentales (para no decir en todas) que tienen necesidad de crear o modificar una normativa se realiza lo siguiente: se estudia el proyecto de ley, de decreto, de reglamento nuevo, o las modificaciones al existente, y una vez trabajado ampliamente y a través de opiniones profesionales, políticas, técnicas y jurídicas... se pasa a la rama ejecutiva superior (o a menudo directamente a la presidencia), para que “el jurídico” lo estudie y dé el “visto bueno” al proyecto, señalando las modificaciones que a su vez encuentre en el mismo, para posteriormente se reelabore y pase a la Asamblea como proyecto de ley, o se emitir el acuerdo o normativa, en el más amplio sentido del caso.

Parece, sin más, un proceso correcto. Revisemos primero los supuestos del antes citado procedimiento, para observar luego cuál es la realidad de lo que de veras ocurre y comprender cómo llega este a enviciarse para gran desgracia de toda posible política de Estado.

Los supuestos del proceso: En primer lugar, la necesidad de reformar o introducir normativas como apoyo a toda gestión de gobierno es indiscutible, una herramienta indispensable y normal. Que cualquiera de ellas debe ser realizada, aparte de la intención (voluntad política), por una seria revisión y análisis de los especialistas y conocedores del área parece algo indiscutible. Aquí se adiciona como posibilidad aleatoria (a no ser que el área en sí sea de esencia jurídica) el aporte del área legal (departamento, asesoría o como se llame la oficina jurídica en c./caso) en la revisión de los aspectos puramente técnicos legales y su relación con otras normativas que se pudieran dar en la que precisamente se está por modificar o crear. El paso último, el que otro grupo jurídico lo vuelva a revisar no sería sino eso, un nuevo vistazo, acaso con criterios diferentes, pero que siempre se debieran enfocar en una visión fundamentalmente jurídica de la normativa. Otra cosa es lógicamente inconcebible. Es aberrante y abusivo que no fuera esto así.

Cómo ocurre el vicio del proceso: Pues que lo inconcebible ocurre: los abogados opinan, cambian, deciden sobre diplomacia, seguridad de Estado, salud, policía, educación y todo lo que les cae en mano. Ni son todos, ni lo hacen, los que lo hacen, con intenciones aviesas o de puros metidos, es una situación que ha ido gravitando casi sin querer, pero que se da y es dañina. Así, muchos hemos tenido ocasión de ver y sufrir que materias harto especializadas, de enjundia política en unos casos, delicadas diplomáticamente en otros, técnicas de a de veras en otros más, son arrasadas materialmente por abogados (acaso muy respetables en su profesión) que desconocen de las mismas, sin que por ello se ruboricen un ápice de tratar, discutir y modificar aspectos esenciales —y alejados de lo puramente legal— de sus contenidos. Y hay más: algunos todavía suponen que la normativa (la que sea) les corresponde fundamentalmente a ellos y no a los médicos, diplomáticos, conocedores en particular, cuando estos son los que conocen, necesitan y promueven que se normen (que se cree derecho) determinadas conductas que establecerán un hacer o no hacer; el papel legal es de apoyo y de forma (¡bueno, necesario, bravo!) pero nunca debiera ser el de llevar la batuta en la elaboración misma, en el fondo.

Lo más grave de todo: Cuando vienen normativas internacionales, ya sea de organismos, de ONG con influencias, o por vías bilaterales... únicamente se pasan a revisión de los jurídicos y “go ahead” —o sea, “va la pelota”— SIN que se consulten las instancias más importantes en c./caso: los conocedores, los funcionarios, los especialistas. Que den SUS puntos de vista, sus réplicas, que sugieran algún cambio —a veces, una palabra es de una importancia hasta histórica— de redacción, que alerten al menos al gobierno en su expresión superior sobre las implicaciones que se pudieran derivar de adoptar “así como viene” tal documento. Mucho más allá de la siempre necesaria e importante asesoría legal. Todos podríamos ganar si se atiende esta importantísima falla lo antes posible. ¡Echemos manos a la obra y pongamos esto en orden!

* Lic. en Ciencias Políticas y Columnista de El Diario de Hoy.