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Como
decíamos ayer
La tragedia del desempleo en L.A.
Los
salarios no los pagan las empresas, sino los consumidores que adquieren
los bienes que estas empresas ponen a la venta
En problema del desempleo se viene discutiendo desde hace muchos
años, sin que en apariencia se pueda llegar a soluciones
definitivas para él. La desocupación afecta a las
personas en lo particular y a las comunidades en general; a las
primeras, porque impide que ellas puedan sostenerse por sí
mismas y tengan que recurrir a la ayuda de extraños o de
familiares para subsistir; a la segunda, o sea a una nación
entera, porque significa un desperdicio del potencial de mano de
obra y una merma en la producción.
En la Hispanoamérica, y en los países subdesarrollados,
el desempleo ha adquirido caracteres trágicos, creando explosivas
situaciones sociales y siendo el culpable del atraso que se sufre
en muchos campos.
Lamentablemente, como ocurre cuando se discuten esta clase de temas,
los participantes recurren a mil estudios, diversas disciplinas
científicas y buscan la opinión de toda suerte de
grupos y entidades, pero haciendo a un lado los fundamentos de la
ciencia económica y aferrándose a intereses políticos,
que impiden un examen objetivo de los argumentos que se presentan.
Es por ello que casi todos los seminarios que se organizan sobre
cualquier problema, ya se trate de la reforma educativa, del mal
servicio de los transportes, o de la desocupación de un gran
número de salvadoreños, llegan a conclusiones erróneas
o sólo en parte veraces.
Por regla general, un país sufre desempleo cuando en el mercado
de trabajo se imponen condiciones irreales o salarios que no están
de acuerdo con la productividad de un porcentaje de los trabajadores.
Este principio se ha visto demostrado una y otra vez, siendo muy
pocos los gobiernos que han tenido el valor de reconocer este hecho
y de liberar a sus súbditos de las muchas regulaciones, leyes
o trabas que impiden a un hombre encontrar trabajo.
Muy pocos ponen en duda los sentimientos altruistas que motivan
esta clase de medidas, pero ya se sabe que de buenas intenciones,
está pavimentado el camino del infierno. Todos quisieran,
y a todos beneficiaría, que cada habitante reciba un ingreso
suficiente como para vivir con dignidad, y que sus recursos
le alcancen para cuidar de la salud, la alimentación, la
vivienda y el esparcimiento de su grupo familiar, y que además
tengan algunas garantías sobre la continuidad de su empleo.
Pero cuando se trata de llevar a la práctica estos propósitos,
se da uno cuenta de la existencia de una serie de factores que impide
su cabal realización, como es la carestía de recursos,
la falta de capital para organizar nuevas empresas y la estrechez
de los mercados que puedan absorber los productos o los servicios
del trabajador. A fin de cuentas, los salarios no los pagan las
empresas, sino los consumidores que adquieren los bienes que estas
empresas ponen a la venta. Allí está la principal
limitante a un gran número de planificaciones utópicas.
Para cada nuevo empleo se necesitan grandes inversiones
En El Salvador, la creación de cada puesto de trabajo necesita
de inversiones que oscilan entre los 50 mil y 500 mil colones, según
la actividad de que se trate. Esto quiere decir que, para resolver
el problema del desempleo, debe el país hacer una fuerte
inversión, lo que no se lleva a cabo cuando hay desconfianza
o cuando se impide la formación de los capitales necesarios.
Es ilusorio pensar que el Estado puede crear empleo,
ya que en todo caso sólo hace un uso ineficiente de los recursos
que se obtienen de la ciudadanía y que, por regla general,
es capaz de usar sus dineros con más efectividad. Un análisis
financiero de las últimas grandes obras realizadas
pone esto en evidencia.
El problema del desempleo está vinculado en esencia al problema
del desarrollo y de la inversión, como ya hemos dicho. Cada
centavo que se ahorre y que sea utilizado para promover nuevas empresas
de cualquier índole, contribuye a crear más puestos
de trabajo en el país; en cambio, los dineros que se despilfarren,
que se utilicen para obras improductivas o que simplemente aumenten
burocracia, no sólo no contribuyen a resolver la desocupación,
sino que la agravan.
( Publicado el 16 de junio de 1978 )
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