|
Comentando
Control de calidad en los futuros docentes
Rodolfo Chang Peña
El Diario de Hoy
 editorial@elsalvador.com
 Llama
a la reflexión y preocupación también la actitud
de no aceptar una prueba ordenada por un nivel superior que tiene
todo el derecho de hacerlo, no una, sino las veces que lo considere
necesario
Ya era tiempo de que alguien hiciera algo para detectar el grado
de cumplimiento del pénsum, planes de estudio y otras obligaciones,
en los maestros que se forman en el país.
El Ministerio de Educación muy sabiamente dispuso, como
requisito de graduación, aprobar un test de verificación
de conocimientos.
La medida ha sido aplaudida y bien vista por los padres de familia,
directores de escuelas y colegios, los buenos maestros que hacen
grandes esfuerzos por superarse a diario y por los ciudadanos sensatos.
Se sometieron al examen alrededor de 2,000 estudiantes que recién
habían finalizado sus estudios y fueron reprobados unos 1,500,
es decir el 75%. Esta cifra por sí sola es preocupante desde
varios puntos de vista:
¿Algo anda mal en el proceso de formación de los
jóvenes aspirantes?
¿Adolecían de vacíos las tandas de maestros
de los años anteriores?
¿Maestros que no llenan los requisitos académicos
tienen la responsabilidad de la educación de tantos niños?
Ningún test como el anterior lleva la intencionalidad de
molestar o causar daño a nadie, mucho menos detectar problemas
únicamente para satisfacer una curiosidad morbosa, se trata,
sencillamente, de utilizar un instrumento de medición para
identificar fallas y proceder a corregirlas para garantizar el adecuado
desempeño de los nuevos mentores
¡No es para menos la responsabilidad de educar cerca de un
millón de escolares a nivel nacional!
La reacción no se hizo esperar, los maestros argumentaron
que no se les avisó, que la culpa no es de ellos, sino de
las universidades, que no enseñan lo que deberían,
que no cursaron algunas asignaturas, etc., pero quizá lo
insólito es el grado de distorsión a que ha llegado
la tradicional “libertad” en la formación de profesionales
Algunos de los reprobados se han expresado como si el Ministerio
ha hecho mal al examinarlos. Otros están tan mal acostumbrados
a la ausencia de controles, que hasta se sienten vulnerados en sus
derechos.
Llama a la reflexión y preocupación también
la actitud de no aceptar una prueba ordenada por un nivel superior
que tiene todo el derecho de hacerlo, no una, sino las veces que
lo considere necesario. Obviamente, si el Ministerio avala los títulos,
prácticamente tiene la obligación de chequear el nivel
de calidad del “producto final” en todas las carreras.
Ahora los reprobados piensan en un decreto salvador, que en esencia
disponga hacer caso omiso a los resultados de la prueba y todos
se puedan graduar sin dificultad. ¡Bien se nota el interés
que priva en la mayoría de titularse a toda costa sin importar
cumplir con los requisitos que la profesión exige!
En nuestro medio, esta manera de pensar es muy frecuente y se percibe
en la mayoría de planteles y centros de educación
superior, cuando los alumnos se sinceran y dicen al maestro sin
mayores tapujos:
“A nosotros nos interesa solamente pasar la materia y usted
nos obliga a estudiar más de la cuenta y a pensar”.
La historia del decreto salvavidas no es nueva, hubo personas interesadas
en el caso de los cerca de dos mil abogados con títulos fraudulentos
o anómalos, pocos abogaron por corregir las anomalías
que produjeron el problema, querían titularse por decreto.
El otro caso surgió con los buseros propietarios de unidades
chatarra, el único móvil era continuar usufructuando
sus peroles, sin importar seguir envenenando el medio ambiente y
que la gente siga enfermándose de las vías respiratorias.
La medida puesta en práctica por el Ministerio de Educación
es ejemplar y se debería generalizar. ¿Será
que en la formación de profesionales de otras disciplinas
como odontología, ingeniería civil, medicina, ingeniería
en computación, química y farmacia, derecho, arquitectura,
economía, administración de empresas e ingeniería
agronómica, se esconden también muchas sorpresas como
en el caso de los maestros?
Sería muy interesante conocer los resultados, aunque habría
que prepararse, porque si dos mil futuros mentores reaccionaron
y pidieron un decreto para titularse sin retrasos, veinte o treinta
mil estudiantes de otras profesiones podrían solicitar la
abolición de los exámenes finales, la graduación
automática y un contrato de trabajo contra la entrega del
cartón.
Tampoco sería de extrañar, que si la PAES se convierte
en requisito para obtener el título de bachiller, 60,000
o más aspirantes pidan también su decreto.
¿Se están cosechando frutos de la flojedad y permisividad
en la educación por la que abogaban algunos hace varios lustros?
¿Se ha redescubierto que la firmeza y el rigor en el proceso
enseñanza/aprendizaje ayudan a mejorar el producto final,
como lo demuestran las pocas instituciones que los aplican?
* Dr. en Medicina.
|
