| |
Caso
San Ildefonso
Fiscalía
investiga denuncia de edil
El
Fiscal General acudió ayer ante la Comisión de Municipalismo
de la Asamblea Legislativa, para discutir la labor que desarrollaron
tres de sus fiscales
El Diario de Hoy
En respuesta a la denuncia pública hecha por el concejo
de San Ildefonso, en San Vicente, contra tres fiscales de la regional
paracentral, el Fiscal General acudió ante la Comisión
de Municipalismo de la Asamblea Legislativa, ayer por la mañana.
Belisario Artiga llegó a informar sobre las diligencias que
se han realizado tras conocer los señalamientos hechos por
la alcaldesa ofendida, María Julia Constanza.
La chispa que hizo explotar el polvorín fue un allanamiento
efectuado el 30 de enero de 2002, en el local de la alcaldía
en cuestión.
Ese día, la jefa edilicia no se encontraba. Tres fiscales
y un grupo de policías se presentaron con una orden judicial
girada por el Juez de Paz de San Ildefonso, Joaquín Osmar
Vallejos. Al parecer, la secretaria los recibió y se opuso
al registro.
El concejo difundió ayer un campo pagado en varios medios
de comunicación, donde responsabiliza al Lic. Oscar Santamaría
de los daños ocasionados a las instalaciones de la comuna,
así como de la privación de libertad de los empleados
municipales.
Investigarán denuncia
El Fiscal solicitó tiempo para investigar la denuncia y constatar
si hubo o no abuso de autoridad. El comisionado Pedro González,
de la Policía Nacional Civil (PNC), hizo énfasis en
que los agentes que participaron en el registro estaban bajo las
órdenes de los fiscales.
La Fiscalía ya abrió un expediente mediante el cual
se indagará sobre el trabajo que llevaron a cabo los acusadores
señalados por el concejo.
Los fiscales aclararon en su oportunidad que ellos solo buscaban
secuestrar libros de actas y otros documentos que alimentaran el
proceso de investigación que se realiza en contra del concejo
y dos hermanas de Constanza.
Los acusadores detectaron la entrega ilegal de un título
de propiedad a favor de las parientes de la alcaldesa. Antes de
iniciar un proceso formal por falsedad ideológica, los acusadores
deseaban recolectar más elementos probatorios.
Al final, la Comisión acordó enviar la orden de allanamiento
a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para investigar si la experticia
se ejecutó apegada a derecho.
|
|
