| |
Tomando
la palabra
Anillo
periférico
Salvador Samayoa
 El
área metropolitana de San Salvador tiene un grave problema
de crecimiento urbano. Proyectado en todas sus variables a quince,
veinte o treinta años plazo, el problema luce aterrador.
Por ello, es indiscutible la necesidad de comenzar a implementar
soluciones integradas. La construcción de anillos periféricos
no soluciona el problema, pero es parte imprescindible de una previsión
oportuna e integral.
Está en juego de manera más urgente y directa la
calidad de la vida de más de seiscientos mil habitantes de
Soyapango, Apopa y Ciudad Delgado, pero el problema también
afecta a dos millones de personas que residen o trabajan en el “Gran
San Salvador”. El anillo periférico intermedio, que
ahora comienza a discutirse, puede contribuir a aliviar problemas
graves de funcionamiento de las ciudades, congestionamiento y velocidad
de circulación, contaminación ambiental, costos económicos
de los negocios, gasto diario de la población, tiempo de
vida familiar, caos urbanístico, agresividad social y otros
no menos importantes.
Por supuesto, el anillo tendrá poca incidencia si no se
trabaja al mismo tiempo en unos cien kilómetros de vías
urbanas internas y en una reforma profunda, integral y visionaria
del sistema de transporte colectivo. En este último aspecto,
la reforma no puede quedarse en el saneamiento de la corrupción,
el retiro de los autobuses más viejos, o la renovación
de los permisos de línea con criterios más racionales.
El área metropolitana necesita modalidades diferentes para
el transporte rápido, cómodo y seguro de cientos de
miles de personas.
Aún trabajando en estos aspectos, el meollo de nuestro problema
de desarrollo urbano seguirá siendo la excesiva centralización
de la actividad económica del país. Con excepción
del proyecto del Puerto de Cutuco y de las zonas francas, no se
ve todavía el dinamismo, la proyección de inversión
pública y el consenso nacional
necesario para la generación de empleo masivo y para la
superación de las condiciones de vida en la mayor parte del
territorio de nuestro país. Mientras se siga pensando que
sólo en la región metropolitana habrá generación
de empleo masivo y de buena calidad, las soluciones viales siempre
estarán a la zaga del crecimiento urbano y la situación
se tornará cada vez más insostenible.
Con relación a esta dimensión estructural del problema,
la Comisión Nacional de Desarrollo ha hecho planteamientos
concretos y bien fundamentados, pero todavía no se traducen,
con la convicción necesaria, en un efectivo plan de nación
que impregne de manera coherente las posiciones, proyecciones y
prioridades del sector público y del sector privado.
Sin menosprecio de las consideraciones anteriores, es evidente
que el proyecto de anillo periférico es, en general, bueno
para el país. Aunque poca gente lo sabe, por desfases, insuficiencias
y distorsiones en la comunicación social, el proyecto está
fundamentado en estudios topográficos, geotécnicos,
hidrológicos, demográficos, ambientales, económicos,
operacionales y sociales. El resultado de estos estudios, en versiones
resumidas y comprensibles, debe hacerse, por cierto, del dominio
público. Cuanto antes, mejor.
De igual manera, debe hacerse expreso el fundamento del proyecto
en estudios anteriores, como Metroplan 80 (1965), Autopistas Metropolitanas
(1980), Metroplan 2000 (1990), PLAMATRANS (1996) y PLAMADUR (1996);
este último ratificado mediante ordenanzas municipales, con
asistencia técnica de la Oficina de Planificación
del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS).
La parte técnica no puede ser observada con facilidad y
con fundamento por los ciudadanos y por las comunidades. Puede someterse
a crítica, ciertamente, pero el ejercicio demanda capacidades
y recursos que están fuera del alcance de la ciudadanía.
Lo mismo ocurre con el tema de los costos de la obra, aunque en
este renglón es más amplia la fama de interesados
que pueden opinar con buena capacidad de ponderación.
De manera previsible, entonces, el debate público más
urgente y generalizado tenderá a centrarse en los aspectos
sociales y ambientales del proyecto. La discusión de impacto
ambiental estará abierta, por ley de la República,
a partir de la consulta oficial del Ministerio respectivo.
En este sentido, lo que cabe esperar es que se expresen opiniones
responsables, que no partan de una teórica y abstracta opción
cero como parámetro de impacto, porque esa opción
no existe en la realidad, sino que aspiren a la fórmula de
menor afectación y mayor compensación posible, para
corregir con sentido práctico las apreciaciones y conclusiones
de impacto ambiental.
La parte social es más complicada, especialmente en lo que
concierne al desplazamiento de viviendas. Se supone que el estudio
ha considerado diversas alternativas, comparado beneficios y perjuicios
de índole diversa. Esto debe someterse a discusión,
pero aún asumiendo que se elige la alternativa que afecta
menos la vivienda de las personas, la compensación debe asumirse
con sensibilidad y generosidad, porque no se trata sólo de
tener la ley en la mano, sino de responder a un problema que puede
ser dramático para mucha gente en los barrios populares.
Uno de los focos de afectación social más sensible
está en la colonia “22 de abril”, de Soyapango.
Ojalá sea todavía posible evitar la afectación
social por la vía de reconsiderar el trazo del periférico,
pero si resulta inevitable afecta a un sector de la colonia, debe
considerarse que se trata de un barrio marginal y que la gente poco
o nada puede hacer con una indemnización, aunque esta se
entregue de una vez, y aunque el precio de predios y viviendas se
estime a precios de mercado. En estos casos, cuanto más pobre
sea la gente,mejor debe ser la solución habitacional que
se encuentre, con ánimo de hacer más -mucho más-
que lo que manda la ley.
A los más pobres se les debe dar una solución de
cinco estrellas, por justicia social, en primer lugar, y por necesidad
de desactivar su legítima resistencia, en segundo lugar.
Sobre los aspectos sociales y ambientales se montará el
eje político de la movilización y del debate. La buena
noticia es que la mayor parte de los alcaldes tienen posiciones
sensatas y están manejando bien el difícil balance
entre el beneficio que el periférico aportará a sus
municipios y la comprensible ansiedad de determinados grupos sociales.
Este es el caso de los ediles de San Salvador, Nejapa, y Santa
Tecla. También es el caso de las alcaldesas de Soyapango
e Ilopango. La mala noticia es que otros alcaldes y consejales parecen
tener actitudes de fanatismo político radical e irracional,
como en el caso del alcalde de Ciudad Delgado y de varios consejales
del municipio de Soyapango.
El erizado entorno político demanda un manejo cuidadoso
del proyecto. La consulta que hará la Comisión Nacional
de Desarrollo, a pedido del Ministerio de Obras Públicas,
puede contribuir a encontrar cauces positivos para la expresión
de diversas inquietudes e intereses, comenzando por hacer efectivo
el derecho a la información que tiene la gente ante proyectos
de semejante envergadura.
|
|
