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Por
las operaciones de los casinos
Artiga: “No es que le falte voluntad a la Fiscalía...”
El
funcionario reclamó a los diputados su “falta de brillantez”
para aprobar una ley de casinos en el país
Nacional
El Diario de Hoy
 nacional@elsalvador.com
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| El Bingo Monte Carlo Club, en Santa Ana,
es otro negocio que pasó la prueba de la inspección
realizada por la Alcaldía. Foto:
EDH/Wenceslao Martínez hijo |
La apertura del casino Carnaval y la operación de otros
en diversas ciudades de El Salvador dependen de la voluntad de los
jefes edilicios que los aprobaron, dice el Fiscal General, Belisario
Artiga.
“No es que le falte voluntad a la Fiscalía” para
proceder en contra de los casinos, aclaró el funcionario
el miércoles.
Artiga consideró que la ley ata a la Fiscalía para
proceder, porque los alcaldes no han denunciado ningún incumplimiento
a acuerdos de cierre de casinos que hayan tomado en reunión
de concejo municipal.
Los alcaldes que realizaron las inspecciones, tal como lo ordena
la ley, no han dicho si han ordenado cierres definitivos de negocios.
Tampoco se sabe sobre suspensiones temporales o ampliación
de plazos para operar, según el registro del Ministerio Público.
En el caso de Antiguo Cuscatlán, la alcaldía avaló
los juegos de póquer, a pesar de que el Decreto 930 los califica
como prohibidos.
El decreto legislativo se convierte en un freno para la Fiscalía,
ya que éste establece que las alcaldías son las que
deben determinar la existencia de juegos prohibidos.
“Nosotros sólo somos garantes de la legalidad”,
consideró el funcionario, al responder por qué no
hay actuación del Ministerio Público en este intento
por clausurar dicho negocios en el país.
De acuerdo con Artiga, los alcaldes remitieron a la Fiscalía
“inventarios” sobre los tipos de juegos, pero no especifican
si son prohibidos o no.
Los ediles que han aprobado el funcionamiento de este tipo de negocios
tampoco han solicitado al Fiscal el apoyo para proceder al cierre,
añadió.
Si existiera una notificación de desobediencia, el Fiscal
General no duda en asegurar que procedería contra los propietarios
por desobediencia de particulares, tipificado en el Artículo
330 del Código Penal.
Dicho artículo establece que “el que desobedeciere una
orden dictada conforme a ley y emanada de un funcionario o autoridad
pública en ejercicio de sus funciones será sancionado
con prisión de tres a nueve meses”.
No hay ley...
Artiga también reclamó el hecho de que los diputados
de la Asamblea Legislativa no hayan aprobado una ley que regule
los casinos.
El funcionario lamentó la “falta de brillantez”
de los congresistas para aprobar una ley que regule las casas de
juego en el país.
Actualmente, en la Asamblea Legislativa están “pendientes”
de estudio y discusión dos anteproyectos de ley de casinos.
El primero fue presentado a principios del año pasado, por
el ex ministro del Interior Mario Acosta Oertel.
El segundo es una propuesta que se incluye en un anteproyecto de
ley de turismo, según se constató.
Más demandas de amparo
Dos demandas más de amparo de dos casinos fueron admitidas
por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
dijeron fuentes judiciales.
Empresas Turísticas de San Miguel S.A. de C.V. fue favorecida
con la suspensión del acto reclamado, es decir, que la alcaldía
de dicha ciudad no podrá hacer inspecciones en el negocio,
mientras se estudia la demanda y se resuelve en definitiva.
En cambio, Juegos y Recreaciones, S.A. de C.V. no fue favorecida
con la medida, pues la inspección ya se había hecho,
en Nueva San Salvador, La Libertad.
La Corte Suprema de Justicia aclaró que no ha habilitado
a ninguna casa de juegos clausurada para que reanude operaciones.
La aclaración fue formulada por la Sala de lo Constitucional,
en respuesta a declaraciones de una empleada del casino Tropicana,
negocio que desde el 20 de noviembre pasado reabrió sus puertas,
ahora con el nombre de Carnaval.
La sociedad Vídeo Atracciones, con domicilio en San Salvador,
ha interpuesto un recurso por el negocio, aunque no dice ser la
dueña del casino Tropicana o Carnaval.
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