Tomando la palabra
¿Y los derechos humanos de los policías?

Rodolfo Chang Peña*
El Diario de Hoy
editorial@elsalvador.com

¿Quién entiende a una Procuradora de los Derechos Humanos que, aparentemente, sin valorar las posibles consecuencias, interfiere un procedimiento policial?

Los ciudadanos sensatos no salen de su asombro y sorpresa por la forma con que se garantiza la protección del delincuente. La preocupación principal en un operativo de captura, por ejemplo, se centra en que no se dañe físicamente al delincuente, aunque oponga resistencia, y mucho menos se le “traume” diciéndole “delincuente”, “asesino” o “violador”. Se recomienda decirle “presunto”, “imputado” o “sospechoso”, aunque sea confeso, lo hayan capturado en flagrancia o existan testigos presenciales de su culpabilidad. Ahora “la modernización” es tal que hasta se intenta justificar su conducta envilecida y depredatoria.
La mayoría de los abogados salvadoreños recuerda que cuando era estudiante, sus connotados profesores insistían en las palabras del célebre jurista español don Ángel Osorio y Gallardo: “Defiendan la justicia y el Derecho, pero si por defender la justicia tienen que dejar a un lado el Derecho, abracen la justicia”.

La sociedad “invertebrada” de El Salvador extrañamente defiende el Derecho, pero sin orientarse hacia la búsqueda de la justicia. Armonizando con el título del presente artículo, en nuestro medio los procedimientos, por ejemplo, ocupan la parte principal de la administración de la justicia, olvidándose, al menos así parece, que el principio y fin de las cosas es la persona. ¿Será que para algunos valen más los derechos humanos de los reclusos que los de los agentes de policía y custodios?

Según están las cosas, parece ser que una buena parte de abogados a quienes se ha encomendado la tarea de reformar el Código Penal, Código de Procedimientos Procesales y demás instrumentos legales auxiliares en armonía con las disposiciones constitucionales, como la traída y llevada (¡ya no hallan qué hacer con ella!) “presunción de inocencia”, dan la impresión de que no entendieron la esencia de la doctrina impartida por los ilustres penalistas Raúl Zaffaroni, Julio Maier, Guido Fernández, José María Ascencio, Alberto Chifrin y Jaime William Benavente, entre otros, cuando en 1991 vinieron a El Salvador a exponer en forma brillante el problema del delito, el delincuente y la pena.

El objetivo del cónclave en esa ocasión era defender a los delincuentes del trato inhumano y abogar por sus derechos para contraponerse al uso de procedimientos draconianos y primitivos, propios de las huestes de Gengis Khan (a través de la confesión hacían aceptar al detenido la culpabilidad hasta de la muerte de Jesucristo), que solían usarse hasta hace relativamente pocos años.

Lo lamentable es que se haya confundido la defensa de los derechos humanos del delincuente con protegerlo para que no resulte culpable. Al menos es lo que percibe la ciudadanía en general. El gran esfuerzo académico de principios de la década de los 90 probablemente fue alcanzado por el proceso inflacionario, porque sus grandes conceptos cada día valen menos, pues el ciudadano promedio únicamente alcanza a ver un proceder dirigido a la defensa de los delincuentes, que son la minoría, sin importar el sacrificio de las personas honestas, que son la mayoría.
Ahora resulta que seres extraterrestres se llevaron los 1,500 millones de colones en INSEPRO-FINSEPRO y que en el escándalo del BFA “no existen pruebas”.

Algunos líderes de la sociedad del post conflicto, especialmente tradicionalistas e indefinidos ideológicamente, equivocando conceptos de una verdadera reingeniería social, pretenden llegar a la estructura de un Estado en donde los gatos, por ejemplo, pueden comer junto con los ratones en amena conversación de gruñidos, ronroneos y roces de bigotes; los lobos serán amigos de los conejos y hasta formarán coros para cantar villancicos; los perros se puedan amarrar con sartas de chorizos de Cojutepeque y los grandes felinos harán su siesta en medio de manadas de vacas y terneros. ¡Toda un ciudad de Cristal del Mago de Oz! Alicia en el país de las maravillas no es más que la sombra del nuevo Estado con el que sueñan algunos astralizados e ilusos! ¿Por qué no poner los pies sobre la tierra y empezar por aceptar que vivimos en una sociedad con un alto nivel de violencia?

¿Quién entiende a una Procuradora de los Derechos Humanos que, aparentemente, sin valorar las posibles consecuencias, interfiere un procedimiento policial en situación de máxima tensión?
¿Acaso un operativo de requisa de drogas y armas en los penales es un abuso de autoridad que requiere la presencia de la Procuradora? ¿Es ingenuidad o incompetencia confiar en torvos y curtidos asesinos, psicópatas, desviados y sujetos que han hecho de la violencia una profesión?
* Dr. en Medicina.