Queda firme sentencia definitiva
Cámara reitera la liberación de M. Galdámez

La Cámara ni siquiera entró a valorar el fondo de la petición de revocatoria del fallo interpuesta por la acusación y la declaró “inadmisible”. Con esto, queda firme la sentencia

Susana Joma
Nacional
El Diario de Hoy
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Mario Galdámez (segundo de izquierda a derecha) saldría en libertad ayer mismo. Foto: EDH/Mauricio Castro

La Cámara Segunda de lo Penal declaró firme la decisión de absolver de responsabilidad civil y penal, en el fraude en la financiera FINSEPRO e INSEPRO, a Ricardo García Tejada, Roberto Mathies hijo y José Mario Galdámez.
En una resolución con fecha 19 de diciembre, la instancia declaró “inadmisible” una petición para que se revocara el fallo que favorece a los implicados en el caso.
El tribunal superior razonó que el Código Procesal Penal no establece la revocatoria cuando se ha emitido una sentencia definitiva.

Por tanto, “no es procedente entrar a valorar el fondo de la pretensión o argumentos que al respecto hayan sugerido las partes recurrentes”, dice la resolución.
Esto allana el camino para la liberación de Galdámez, que se esperaba ocurriera ayer mismo.
Galdámez, está en prisión desde 1997, cuando estalló el escándalo del fraude financiero.

El fallo

Roberto Mathies hijo, Roberto Annichiarico, Ricardo García Tejada y Mario Galdámez fueron absueltos de toda responsabilidad civil y penal en el fraude en la financiera FINSEPRO e INSEPRO.

El fallo fue divulgado el viernes 13 de diciembre por la Cámara Segunda de lo Penal, que ordenó además que el contador Mario Galdámez, el único que permanecía preso por el caso, fuera puesto en libertad.

La Cámara confirmó la absolución de la responsabilidad penal por el delito de defraudación a la economía pública pronunciada por el Juzgado Quinto de Instrucción en favor de Mathies hijo y José Mario Galdámez.

El primero, acusado de autor del delito, y el segundo, de cómplice.
Asimismo, el tribunal superior ordenó que se revocara la condena del pago en concepto de responsabilidad civil de 784 millones con 797 mil colones impuesta a ambos procesados.
El dinero estaba destinado a 675 ofendidos de conformidad con los reclamos presentados de modo subsidiario a las sociedades FINSEPRO e INSEPRO.