Analizando
200 millas de legado al desarrollo sustentable

María Soledad Alvear*
El Diario de Hoy
editorial@elsalvador.com

Estamos seguros de que la política exterior de Chile continuará haciendo aportes para el desarrollo progresivo del nuevo Derecho del Mar

Nuestro país, que tiene una profunda vocación marítima arraigada en sus más de cinco mil kilómetros de costas continentales e insulares, celebra 20 años de vigencia de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar -Convemar-, suscrita en diciembre de 1982, en Montego Bay, Jamaica, y ratificada por Chile el 25 de agosto de 1997.

Nos congratulamos de ser parte importante de su proceso negociador, y trabajamos activamente por su eficiente implementación. Es por ello que formulamos un llamado a aquellos países que no son parte para que se adhieran a ella, con el objeto de alcanzar pronto su vigencia universal.
Chile, como Estado ribereño, ante el intento de las potencias de hacer prevalecer la libertad en los mares, realizó un aporte fundamental al Derecho del Mar y a la Convención misma: La Declaración de Santiago sobre Zona Marítima de 1952, que hoy existe en su normativa bajo la figura de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), en la cual ejercemos plenos derechos de soberanía y jurisdicción.

Desde entonces hemos logrado desarrollar activamente nuestro sector pesquero, conciliando los distintos intereses económicos involucrados. Nos hemos dotado de una legislación pesquera acorde a esta norma internacional, que nos permita exhibir una administración seria y sustentable de los recursos existentes de nuestra ZEE.
La Convención de Derecho del Mar también abordó otras materias de enorme importancia para la política exterior de los intereses nacionales, como son el régimen de los fondos marinos y oceánicos, situados fuera de la jurisdicción nacional, complementados por el acuerdo relativo de la parte XI, aprobado el 28 de julio de 1994.

Esta área constituye uno de los aspectos más novedosos del nuevo Derecho del Mar y recibió especial atención de nuestro país durante las etapas de su negociación, dada nuestra condición de productores y exportadores de cobre, uno de los recursos que se hallan presentes en aquella zona. Conforme a ello, Chile forma parte del Consejo de Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, en un esfuerzo que no sólo involucra a la Cancillería, sino también al Ministerio de Minería y a las otras instancias e instituciones nacionales relacionadas con el sector minero.
Como país también contribuimos a la redacción de las disposiciones de la Convención del Mar relativas a la protección y preservación del medio marino. Asimismo, este cuidado se ha manifestado en materia de prevención y control a la contaminación marina en el “Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste”, en cuyo marco los gobiernos de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú realizan actividades de cooperación e intercambio de información, orientadas a la protección y desarrollo de sus zonas marítimas y costeras.

Como expresión de una constante preocupación por el patrimonio ictiológico que existe en el Pacífico sudeste -uno de los caladeros de pesca más ricos del mundo- en el seno de la CPPS hemos negociado el “Acuerdo Marco para la Conservación y Protección de los Recursos Vivos Marinos del Pacífico Sudeste“, también llamado “Acuerdo de Galápagos”, que tiene por objeto proteger las especies altamente migratorias transzonales que habitan en la alta mar adyacente a nuestra ZEE. Este bien puede ser considerado el segundo paso de la teoría de las 200 millas marinas.

A 20 años de la entrada en vigor de la “Constitución de los Mares”, tenemos motivos suficientes para celebrar con orgullo esta fecha, que recuerda un hito de enorme trascendencia histórica, política y diplomática para Chile y la humanidad.

Estamos seguros de que la política exterior de Chile continuará haciendo aportes para el desarrollo progresivo del nuevo Derecho del Mar. Ya se visualizan nuevas fronteras en este campo, tales como la protección de los recursos vivos y la prevención de los ecosistemas, más allá de los espacios marinos sometidos a jurisdicción nacional, en resguardo del mundo sustentable que debemos legar a las generaciones venideras.
*Ministra de Relaciones Exteriores de Chile.