Rechazan reforma sobre concesiones

Dos expertos recomiendan no reformar el Artículo 110

Roxana Huezo
Nacional
El Diario de Hoy
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Ayer finalizó el foro consultivo sobre las reformas constitucionales convocado por la Asamblea. Foto: EDH/Lissette Moreno

En el foro consultivo convocado por la Comisión de Legislación fue evaluada la posibilidad de reformar el Artículo 110 de la Carta Magna.
Los dos panelistas invitados, Francisco José Barrientos, presidente del Centro de Estudios Jurídicos, y Abraham Ábrego, director del Centro de Estudios y Derechos Humanos (FESPAD), coincidieron en que “no es conveniente” modificar la Constitución.

El Artículo 110, inciso cuatro, determina que el “Estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan, prestándolos directamente, por medio de las instituciones oficiales autónomas o de los municipios. También le corresponde regular y vigilar los servicios públicos prestados por empresas privadas y la aprobación de sus tarifas, excepto las que se establecen de conformidad con tratados o convenios internacionales; las empresas salvadoreñas de servicios públicos tendrán sus centros de trabajo y bases de operaciones en El Salvador”.

La reforma planteada por el PCN establece que el “Estado tendrá a su cargo la prestación de los servicios públicos, directamente, por medio de las instituciones oficiales o de los municipios, pero cuando los intereses sociales así lo exijan, podrán hacerlos mediante la contratación de servicios.

El interés social será declarado previamente por la Asamblea Legislativa. También le corresponde regular y vigilar los servicios públicos prestados por empresas privadas y la aprobación de sus tarifas, excepto las que se establezcan de conformidad con tratados o convenios internacionales. Las empresas salvadoreñas de servicios públicos tendrán sus centros de trabajo y bases de operaciones en El Salvador”.

El cambio le daría a los diputados la potestad de decidir qué concesión puede hacerse bajo el concepto de “interés social”.
Ábrego dice que el problema sería que la dinámica política de la Asamblea podría contaminar los procesos. “No estamos en contra de las concesiones, si no de la desnaturalización del proceso”, explicó.

Barrientos señala que “lo que debe reformarse son los entes que regulan las concesiones. Cambiar el Artículo 110 crearía confusión”.