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Sube apoyo a escuchas telefónicas
La PNC, FESPAD y la Fiscalía están a favor de la
reforma al artículo 24 de la Constitución. Existen
diferencias sobre los alcances de la misma
Ana Giralt
El Diario de Hoy
 nacional@elsalvador.com
 La
intervención de las telecomunicaciones ya no es un tema que
despierte malicia y desconfianza. Está claro que existe un
interés por incorporar esa herramienta dentro de los mecanismos
de defensa contra el crimen e incorporarla a la Constitución.
Esa conclusión se obtuvo luego de escuchar la posición
que FESPAD, la Fiscalía General de la República y
la Policía Nacional Civil tienen sobre la posibilidad de
reformar el artículo 24 de la Carta Magna.
La Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa
organizó ayer el primer foro sobre reformas constitucionales.
El evento se dividió en dos grupos. El primero conoció
la enmienda a los artículos 24 y 159, con que se le daría
autonomía en la investigación a la PNC.
El otro se enfocó en la propuesta de ampliar la participación
dentro del Consejo Superior de Salud.
La primera vía
El fiscal Belisario Artiga; el subdirector de la PNC, Ricardo Meneses,
y el representante de FESPAD, Jaime Martínez, coinciden en
que el Órgano Judicial, a través de un juez, debe
autorizar la aplicación de las escuchas telefónicas
y la intervención de otro medios de comunicación,
para el fin específico de combatir la delincuencia.
¿Qué tipo de delincuencia? Es aquí donde surgen
leves diferencias.
La Fiscalía y la Policía quieren que se aplique en
las investigaciones vinculadas con cualquier delito grave, como
el caso del homicidio.
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prioridad
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en el Consejo Superior de Salud Pública
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Ambas instituciones apoyan la segunda propuesta de reforma al artículo
24, que reza: “La correspondencia de toda clase, los documentos
y papeles privados no podrán abrirse, registrarse ni interceptarse,
sino en virtud de la ley y previa autorización judicial”.
Se añade, además, una prohibición a la interferencia
y la intervención de las comunicaciones, “excepto cuando
se trate de la investigación de delitos y previa autorización
judicial, preservándose el secreto de los privados que no
guarde relación con el proceso”.
“¡Es más apropiada, porque no deja fuera otros
delitos!”, alegó Meneses.
Muy amplio
FESPAD se inclina por la primera propuesta de reforma, pues limita
la intervención a las pesquisas de secuestro, extorsión,
narcotráfico y lavado de dinero.
Martínez propuso una redacción aún más
limitada, que establezca que se aplicará en los delitos tipificados
por la Ley de Drogas y los cometidos por el crimen organizado, cuya
pena de prisión sea mayor a 20 años.
“No podemos ser ni muy amplios ni demasiado precisos. Debe
haber una lista de cuáles delitos se va a autorizar”,
argumentó.
El Fiscal se opone. “Hay que tener cuidado en establecer una
lista, porque no se sabe a futuro cuántos más (delitos)
van a entrar en esa categoría, como el tráfico de
personas”, resaltó.
En una ley secundaria, como el Código Procesal Penal, se
pondrían las salvaguardas para aplicar la reforma al artículo
24. Una de ellas es dar un plazo para que la Fiscalía y la
Policía la puedan aplicar.
La otra es garantizar el principio de proporcionalidad; es decir,
la autorización del juez debe tener relación con el
delito que se investiga.
Y dejar en claro hasta dónde los resultados de esa acción
pueden usarse como prueba, pues no todo lo que se escucha e intercepta
sirve para esclarecer un caso.
Por ningún motivo se permitiría la interferencia para
fines políticos y, para ello, Belisario Artiga propone “penarlo
fuertemente”.
FESPAD quiere incorporar otras trabas constitucionales.
el proceso
explicación
FESPAD propuso incorporar en la Constitución el recurso de
habeas data, para que los afectados con la intervención puedan
exigir al Órgano Judicial un informe sobre los resultados
de la intervención.
Pruebas
También se sugiere exigir pruebas, en este caso a la Fiscalía
y a la PNC, que demuestren que sólo a través de la
aplicación de la enmienda al artículo 24 se puede
combatir determinado delito.
Límites
La Fiscalía General de la República recomienda, como
salvaguardas, poner que las escuchas telefónicas se harán,
según el caso, en determinados números. “Es posible
que muchas personas llamen a ese número sin que se tome en
cuenta todo lo que se dice”, dijo Artiga.
En 2003
La Comisión de Legislación dejará para el próximo
año la toma de cualquier decisión de reforma constitucional.
El Foro continuará el viernes.
Los votos
La enmienda debe ser aprobada por 43 votos por esta Asamblea Legislativa
y ser ratificada por 56 diputados en la próxima legislatura.
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