Libres acusados por el BFA

Sólo dos de los siete procesados en la defraudación en el BFA irán a juicio. Sin embargo, éstos podrán quedar en libertad a cambio de una fianza.

Alberto López
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Momentos en los que el juez Sidney Blanco instalaba la audiencia de lectura del fallo ayer por la tarde. Foto EDH / Alex Sanabria

Los siete procesados presentes en el caso de defraudación al Banco de Fomento Agropecuario (BFA), fueron liberados por un juez de Instrucción capitalino.

El Juez 5o de Instrucción de San Salvador, Edward Sidney Blanco, determinó que sólo Raúl García Prieto y Héctor Cristiani Samayoa deben ir a juicio por los delitos de cohecho propio y activo, respectivamente.

A pesar de ello, podrán permanecer en libertad a cambio de una fianza millonaria y otras restricciones, mientras llega la vista pública.

Los cinco sospechosos restantes fueron sobreseidos, definitivamente, o liberados de ambos cargos de cohecho (obtención de favores de parte de funcionario a cambio de dádivas).
Todos, incluido Cristiani y García Prieto, fueron liberados de cargos de manera definitiva frente al delito de asociación ilícita.
En lo que respecta a la defraudación a la economía pública, Blanco decidió sobreseer de forma provisional a todos.

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Aún falta determinar qué respuesta se tiene de los trámites en el extranjero sobre cuentas bancarias que, según se denunció, atrasó la Corte Suprema.

Ese señalamiento lo hizo la Fiscalía General la semana pasada.

Con el sobreseimiento provisional, la Fiscalía dispone de un año para presentar nuevos indicios y continuar el proceso en este delito.

Después de ese tiempo, si no hay nuevos elementos, el juez Blanco decretará el sobreseimiento definitivo.

Los cinco imputados restantes son: José Aquiles Enrique Rais López, Ruth Elizabeth Salazar Campos de García, Luis Omar Cruz Guevara, Ricardo Edgardo Rivera Villalta y Raúl Esteban Castellón Lemus.
El funcionario también ordenó liberar de cargos definitivamente a Rais y Salazar por falsedad ideológica.

No comprobado

Sidney Blanco determinó, en su resolución de ayer, que la Fiscalía no había logrado comprobar, de forma absoluta, la acusación en lo que respecta a las asociaciones ilícitas, pues no existían testigos directos que confirmaran los nexos.

Se acusó que los supuestos asociados causaron un perjuicio de 24.8 millones colones al BFA.
Ese perjuicio se fijó, inicialmente, en 182 millones de colones.

En el cargo de falsedad ideológica tampoco se logró probar cómo se introdujeron elementos falsos en una escritura de una de las sociedades adonde se habrían desviado los fondos, producto de los préstamos del BFA.
Además, al inicio de la lectura de la resolución de la audiencia preliminar, el juez Blanco advirtió que existía la probabilidad de cambiar la calificación de los delitos y que las partes tenían la potestad de solicitar una nueva audiencia para tener oportunidad de contrarrestar los nuevos cargos.

Tanto la defensa como la Fiscalía no pidieron una nueva audiencia.
El Juez cambió las negociaciones ilícitas por cohecho activo (en el caso de Cristiani por sobornar funcionario) y cohecho propio en el caso de García Prieto por recibir dádivas de Cristiani a cambio de los préstamos.

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