Los cargos más importantes se descalabraron

La Fiscalía General de la República sufrió ayer una nueva derrota en un sonado caso. Las acusaciones más gruesas contra los procesados se desplomaron. Raúl García Prieto y Héctor Cristiani enfrentarán los únicos cargos que sobreviven.

Miguel Ángel Gómez
El Diario de Hoy
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Tanto García Prieto como Cristiani y Rais se mostraron satisfechos ayer con la resolución. Foto EDH / Alex Sanabria

¿Fracaso de la Fiscalía? ¿Falta de pruebas para probar la hipótesis de una investigación en la sede judicial? ¿Una buena defensa?

Cualquiera que sea la causa que se examine en el caso del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), la resolución del Juez Quinto de Instrucción de San Salvador sorprendió ayer al país.

Por lo menos, los fiscales estaban convencidos, y así lo comunicaron a los periodistas, de que la venta del ingenio El Carmen representaba un sofisticado fraude en el que participaron banqueros y empresarios locales.
De acuerdo con las primeras investigaciones, los empresarios Héctor Cristiani y Enrique Rais se habrían hecho del ingenio El Carmen a cambio de ¢59 millones, sin que pusieran un céntimo de sus bolsillos.

Eso lo habrían a través de supuestas maniobras financieras, sin pagar, siquiera, la prima de ese costoso inmueble.

Al ex presidente de ese banco Raúl García Prieto se le acusaba de favorecer, desde su asiento de banquero, ese tipo de negociación.

A todo eso le agregaron que, posiblemente, los tres actuaron unidos en una alegada asociación ilícita que favoreció a las sociedades anónimas controladas por Rais y Cristiani.
Esas firmas habrían recibido hasta ¢42 millones como capital de trabajo para la industrialización de la caña, sin que pusieran, a la orden del banco, garantías importantes.

A pesar de ello, el juez Blanco desplomó ayer las pruebas y las principales tesis de los fiscales al establecer, entre otras cosas, que:

1. Cristiani y García Prieto no mantenían ninguna asociación ilícita o, por lo menos, no la pudo probar la Fiscalía General de la República.

2. Que ninguno de los imputados defraudó a la economía pública, en el sentido de extraer del BFA ganancias por ¢24 millones, suma en la que se habría establecido el supuesto perjuicio.

Más posturas

3. El juez Blanco determinó que sólo Raúl García Prieto, ex presidente del BFA, y Héctor Cristiani podrían ir a juicio por los delitos de cohecho propio y activo (en otras palabras, cree que García habría recibido dádivas de Cristiani mientras permaneció en el cargo).

A pesar de esto último, nada significa que los dos son responsables de ese delito.
En el futuro, si el asunto judicial trasciende, los fiscales deberán usar sus mejores armas para probar eso último.
No es posible pensar que los fiscales obtuvieron ayer un éxito judicial.

Por el contrario, las causas principales se les cayeron durante las audiencias públicas celebradas en los últimos días.

La resolución adoptada ayer por el juez Blanco podrá ser apelada por los fiscales.
Pero, independientemente del camino técnico- jurídico que sigan para examinar, en otro estrado, las pruebas, recibieron una derrota y un fuerte campanazo de alerta.

El caso del ingenio El Carmen siempre se planteó a los periodistas como una espectacular seguidilla de errores cometidos en el BFA para favorecer personas y sociedades anónimas.
A los anteriores propietarios del BFA les entregaron, entre 1995 y 1998, créditos hasta por 359 millones de colones.

Esa deuda se fijó, más tarde, en 85.5 millones de colones, aunque el banco sólo tenía una garantías hipotecaria por 18.8 millones y una garantía prendaria sobre la producción de azúcar y melaza.
Ante eso, el ingenio pasó a manos del BFA y, posteriormente, a manos de las sociedades controladas por Rais y Cristiani.

Los abogados defensores de ambos alegaron, después de que se bajara el supuesto perjuicio a ¢24 millones, que todos lo que rodeaba el caso significaban obligaciones mercantiles que no podían examinarse en estrados penales.

En parte, la decisión del juez blinda esa postura y pone en entredicho las tareas de los fiscales que, sin duda, apelarán la decisión.