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El implicado trabajó 13 años en la ANDA
Fiscalía investiga estafa por ¢100 mil

San Vicente. Son 17 las familias ofendidas. Un ex trabajador de la ANDA instaló igual número de conexiones de agua potable de forma ilegal

El Diario de Hoy
elpais@elsalvador.com

El Juez Segundo de Paz de San Vicente decretó instrucción formal con detención provisional contra Juan José Amaya, de 42 años, ex empleado de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

El sujeto es acusado de estafa agravada en perjuicio de 17 familias residentes en la comunidad El Carmen. El hecho ocurrió en julio de este año.

Todas las víctimas pagaron por la instalación de conexiones de agua potable. El imputado las habría hecho de forma ilegal.

En la audiencia inicial, realizada recientemente, los acusadores presentaron suficientes elementos probatorios para obtener la detención del implicado.

La hipótesis detalla que las familias afectadas gestionaron el servicio ante las oficinas de ANDA, en San Vicente, en un inicio. Como no obtuvieron una respuesta satisfactoria, decidieron visitar las oficinas centrales, en San Salvador, donde conocieron al ex trabajador de la institución, quien les ofreció sus servicios.

Los ofendidos accedieron y entregaron diferentes cantidades de dinero que sumaron los 92 mil colones. Las conexiones empezaron a funcionar en julio de este año.

Lo que generó sospechas entre las familias afectadas fue que después de dos meses de tener el servicio, aún carecían de los contadores y no recibían los cobros mensuales.

ANDA lo descubre

En septiembre, representantes de la ANDA les advirtieron a los ofendidos que el servicio de agua que recibían era ilegal, por lo que tendrían que pagar a la institución multas, mora y el servicio de agua recibido.

Juan José Amaya trabajó 13 años en la ANDA, desde 1979 hasta 1993. Fue despedido en diciembre de 1993 por efectuar conexiones fraudulentas en una lotificación San Marcos.

La comunidad afectada está ubicada en la calle que conduce hacia el balneario Amapulapa. Todas las víctimas esperan justicia y la devolución del dinero entregado al implicado.

El delito de estafa agravada está penado con cárcel de cinco a ocho años, según el artículo 216 del Código Penal.

 

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