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El implicado trabajó 13 años en la
ANDA
Fiscalía investiga estafa por ¢100 mil
San Vicente. Son 17 las familias ofendidas. Un ex trabajador de
la ANDA instaló igual número de conexiones de agua
potable de forma ilegal
El Diario de Hoy
elpais@elsalvador.com
El Juez Segundo de Paz de San Vicente decretó instrucción
formal con detención provisional contra Juan José
Amaya, de 42 años, ex empleado de la Administración
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
El sujeto es acusado de estafa agravada en perjuicio de 17 familias
residentes en la comunidad El Carmen. El hecho ocurrió en
julio de este año.
Todas las víctimas pagaron por la instalación de conexiones
de agua potable. El imputado las habría hecho de forma ilegal.
En la audiencia inicial, realizada recientemente, los acusadores
presentaron suficientes elementos probatorios para obtener la detención
del implicado.
La hipótesis detalla que las familias afectadas gestionaron
el servicio ante las oficinas de ANDA, en San Vicente, en un inicio.
Como no obtuvieron una respuesta satisfactoria, decidieron visitar
las oficinas centrales, en San Salvador, donde conocieron al ex
trabajador de la institución, quien les ofreció sus
servicios.
Los ofendidos accedieron y entregaron diferentes cantidades de dinero
que sumaron los 92 mil colones. Las conexiones empezaron a funcionar
en julio de este año.
Lo que generó sospechas entre las familias afectadas fue
que después de dos meses de tener el servicio, aún
carecían de los contadores y no recibían los cobros
mensuales.
ANDA lo descubre
En septiembre, representantes de la ANDA les advirtieron a los ofendidos
que el servicio de agua que recibían era ilegal, por lo que
tendrían que pagar a la institución multas, mora y
el servicio de agua recibido.
Juan José Amaya trabajó 13 años en la ANDA,
desde 1979 hasta 1993. Fue despedido en diciembre de 1993 por efectuar
conexiones fraudulentas en una lotificación San Marcos.
La comunidad afectada está ubicada en la calle que conduce
hacia el balneario Amapulapa. Todas las víctimas esperan
justicia y la devolución del dinero entregado al implicado.
El delito de estafa agravada está penado con cárcel
de cinco a ocho años, según el artículo 216
del Código Penal.
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