Decreto pone en riesgo 40 mil empleos

Empresarios que tienen contratos con el Seguro Social y el Ministerio de Salud señalan que el Decreto 1024 atenta contra la libre contratación

Susana Joma
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

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Las empresas que brindan los servicios de apoyo al Seguro Social y a la red nacional de salud presentaron el “Comité de Afectados por el Decreto Legislativo No. 1024” .

El objetivo del mismo es evitar que el decreto en cuestión afecte a unas 400 empresas y ponga en peligro a 40 mil empleados.

El Dr. Ricardo Novoa y el Lic. Mario Machado, presidente y secretario del citado comité, respectivamente, informaron de que la normativa que entró en vigencia ayer atenta contra la libre contratación y el derecho al trabajo.

El Decreto 1024 establece que, a partir luego del 31 de enero de 2003, los contratos que las empresas tienen con el Seguro Social y el Ministerio de Salud quedarán sin efecto.

Machado añade que sólo podrán contratar servicios de apoyo de laboratorios de imágenes y algunos que no puedan proveer, cuando las instalaciones resulten dañadas por un desastre.

Sostiene que si ellos tienen cerradas las puertas a la prestación de servicios, tampoco tendrán la capacidad de dar empleo a los trabajadores.

“El impacto social es muy grande, va a haber más desocupados en El Salvador“, insistió el secretario del comité, tras señalar que a partir del uno de enero todos los servicios en el ISSS quedarán paralizados.

Aunque Machado declinó dar nombres de empresas afectadas, por considerar que esto podría ser contraproducente para ellas.

“En estos momentos reina mucha zozobra entre los empleados”, puntualizó.
Lo que si expresó es que algunas de esas firmas brindan servicios tan dispares como partos, optometría, cirugías de próstata, cirugías especializadas de ojos, mantenimiento de instalaciones, de equipo especializado y el manejo de los desechos tóxicos.

Si bien aún no tienen afinados los datos sobre los contratos en riesgo, estima que con el ISSS habría unos 102 contratos de esta naturaleza. En el Ministerio de Salud serían cerca de 90.

De acuerdo con sus palabras, al impacto en términos de desempleo se sumará el hecho de que los usuarios del Seguro Social y de la red de salud no podrán recibir los servicios especializados.

En este contexto también señalaron que las autoridades del Seguro Social no han actuado como se debe.
Ambos profesionales mencionaron que el decreto no puede invalidar los contratos hechos en el marco de la Ley de Contrataciones y Regulaciones.

“La Constitución tiene artículos que avalan la libre contratación en El Salvador“, especificó Novoa, al señalar la vigencia y legitimidad de sus contratos.

El comité en pleno, integrado por 15 profesionales empresarios, pidió a los diputados, especialmente a los que avalaron el decreto, que lo estudien de forma racional y tomen la decisión de reformarlo o derogarlo.

La próxima semana presentarán una pieza de corresponden a la Asamblea Legislativa para que los diputados le den iniciativa de ley y corrijan el error.

Los afectados por el Decreto 1,024 dijeron que tienen previsto presentar ante la Corte Suprema de Justicia, según sea el caso, los recursos de amparo y de inconstitucionalidad necesarios.

Concesiones
400 empresas tienen contratados servicios con el Seguro Social y el Ministerio de Salud.