Empresas estudian presentar amparo

El Ministerio de Salud convocó a los representantes de 140 empresas que le brindan servicios para explicar por qué los contratos vencen el 31 de diciembre

Ivette Amaya
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Representantes de empresas privadas se reunieron de urgencia tras ser invitados por el Ministerio de Salud. Foto Cristobal Arevalo

El auditorio del Laboratorio Central del Ministerio de Salud (MSPAS) se convirtió ayer en el punto de reunión de los representantes la mayoría de las 140 empresas que, en la actualidad, poseen un contrato de compra de servicios con la institución.

La invitación, de carácter urgente, tenía la finalidad de dar a conocer lo redactado en el Decreto 1024, o Ley de Garantía de Salud, pero, sobre todo, resolver las dudas que los empresarios tienen respecto a sus contratos.

El licenciado Argelio Aguilar, de la Unidad Jurídica del ministerio, explicó a los asistentes la interpretación legal que cada artículo posee y cómo afectará a las empresas, ya que los contratos vencen el 31 de diciembre.

Asesoría legal

Con suma atención, los presentes apuntaban lo dicho por Aguilar, mientras las preguntas del futuro de cada empresa empezaban a asomar por sus mentes.

“Nosotros queremos que entren en el análisis respectivo y pertinente para que, con la debida asesoría de sus abogados, puedan asesorarse para ver qué acciones se pueden tomar”, manifestó Aguilar.

Un asistente se atrevió a preguntar sobre qué pasará con el proceso de licitación de los servicios esenciales de salud que había iniciado el ministerio y que aún no había resuelto.

“A la luz del decreto, quedaría sin efecto”, fue la respuesta del asesor legal.
Una de las intervenciones que más llamó la atención de los participantes fue la de René Rodríguez, presidente de la Unidad Nacional de Empresas Privadas de Seguridad (UNAPS), ya que hizo un llamado a las empresas a que presenten a la Corte Suprema de Justicia un bloque de recursos de amparo para detener los efectos negativos del 1024.

“Así como los médicos y los sindicalistas fueron escuchados, porque no nos van a escuchar a nosotros que somos empresarios”, manifestó una de las asistentes.

Para el presidente del Colegio Médico, doctor Guillermo Mata, tanto el ministerio como el ISSS han creado una campaña de manipulación y desinformación del decreto.

“El ISSS saca un anuncio en el cual no pueden comprar agua, teléfono, energía eléctrica, lo cual raya en los ridículo”, sentenció el especialista.

Recurso de amparo

Se trata de una demanda interpuesta en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por violaciones a derechos constitucionales como el derecho al trabajo, la educación y la salud.
- Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de procesar este tipo de demanda ante el máximo tribunal.
- Se contempla la suspensión del acto reclamado, es decir, la suspensión provisional del acto que se intenta impugnar. En este caso, el cese de los contratos el próximo 31 de diciembre.
- De ser favorable el fallo, la Sala deja abierta la posibilidad de emprender demanda civil contra el gobierno (si es demandado) o contra las instituciones privadas, como sería el caso del Colegio Médico.

“Queremos que sea reconsiderado (el decreto) porque no tenemos nada que ver con jeringas”. René Rodríguez
Presidente UNAPS
“
“Necesitamos defendernos jurídicamente porque afecta económicamente a mucho personal”.
Gustavo Cerón
Empresa de Seguridad

“Nos vemos altamente afectados, pero entendemos el problema de las empresas”. Argelio Aguilar
Jurídico M. de Salud