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Otra
demanda al 1024
En
menos de una semana, dos ciudadanos han buscado impugnar el Decreto
1024
iAlberto López
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
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Una
puerta abierta a la concesión
Los
médicos y el Director del ISSS aceptaron la posibilidad
de concesionar los servicios que la institución no
tiene capacidad de prestar.
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Un nuevo inconforme con el Decreto Legislativo 1024, que prohíbe
que empresas privadas presten servicios en el ramo de salud, presentó
demanda contra la legislación ante la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema.
El abogado Rafael Siliézar argumenta que el decreto viola,
al menos, cuatro garantías constitucionales, como la seguridad
jurídica y la libre contratación, entre otros. Las
violaciones se encuentran en los artículos dos, tres y cinco
del decreto.
Además, el 1024 también carece de validez ante la
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública, que en su Artículo 173 establece que las
disposiciones de la normativa prevalecen sobre cualquier otra ley
general o especial que regule la misma materia.
Para derogar o modificar esta ley, el mismo artículo señala
que la nueva normativa debe mencionarlo expresamente de esa forma,
de lo contrario, la nueva legislación, que en este caso es
el 1024, queda sin efecto.
La primera demanda aún es procesada por la Sala, que aún
no confirma si admite o previene la misma.
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