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Otra demanda al 1024

En menos de una semana, dos ciudadanos han buscado impugnar el Decreto 1024

iAlberto López
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

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Los médicos y el Director del ISSS aceptaron la posibilidad de concesionar los servicios que la institución no tiene capacidad de prestar.

Un nuevo inconforme con el Decreto Legislativo 1024, que prohíbe que empresas privadas presten servicios en el ramo de salud, presentó demanda contra la legislación ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.

El abogado Rafael Siliézar argumenta que el decreto viola, al menos, cuatro garantías constitucionales, como la seguridad jurídica y la libre contratación, entre otros. Las violaciones se encuentran en los artículos dos, tres y cinco del decreto.

Además, el 1024 también carece de validez ante la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en su Artículo 173 establece que las disposiciones de la normativa prevalecen sobre cualquier otra ley general o especial que regule la misma materia.

Para derogar o modificar esta ley, el mismo artículo señala que la nueva normativa debe mencionarlo expresamente de esa forma, de lo contrario, la nueva legislación, que en este caso es el 1024, queda sin efecto.
La primera demanda aún es procesada por la Sala, que aún no confirma si admite o previene la misma.

 

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