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Ataques contra medios y profesionales
Siete años de “guerra sucia” por un negocio

Desde hace 7 años, la corporación McDonald’s decidió quitarle las licencias a Servipronto. Desde ese momento nació una campaña sucia, que debe conocerse

Nacional
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Desde hace 7 años, la corporación McDonald’s decidió quitarle las licencias a Servipronto. Desde ese momento nació una campaña sucia, que debe conocerse. Foto: EDH

Hace pocos días, la jueza Segunda de lo Mercantil, Rosa Estela de Portillo, se disponía a ingresar a su vehículo cuando una pierna le impidió el paso.
Era la del empresario Roberto Bukele, presidente de la empresa Servipronto,a quien le había notificado, poco antes, una resolución desfavorable para la causa que sostiene con la corporación McDonald’s.

El hombre empezó a jalonear la puerta, mientras soltaba toda suerte de insultos contra la funcionaria judicial.
Bukele, según lo declaró la jueza en algunas de las principales instancias del Poder Judicial y aun ante el Consejo Nacional de la Judicatura, no cesaba de insultarla.
Después de escucharlo, la funcionaria se armó de valor y le dijo:” Si no suelta la puerta de mi carro, lo demandaré por agresión”.

Ante eso, el abogado del empresario le aconsejó que se marcharan del lugar.
Situaciones como esas han vivido muchísimas personas, desde hace casi siete años, cuando la corporación McDonald’s decidió quitarle las licencias de los restaurantes a Servipronto, por incumplir las disposiciones higiénicas y técnicas que se exigen a los concesionarios en todo el mundo.

Jueces, abogados litigantes, periodistas, empresarios y muchas otros profesionales se han visto envueltos, durante los últimos años, en un verdadero infierno por denunciar, litigar o acompañar los severos cargos que, en su momento, McDonald’s le hizo a Servipronto.
La “guerra sucia” desencadenada contra todos esos profesionales y varios medios de comunicación (incluido El Diario de Hoy) se prolonga ya por casi siete años.

Comunicados que contienen toda suerte de delitos contra el honor atribuidos a organizaciones “fantasmas” (pues no están registradas en el país) son parte de esa “guerra sucia”.
Entre esas organizaciones se incluye una supuesta asociación de empleados de Servipronto, la mal llamada “Alianza Patriótica Nacional” y muchas otras.

Desde una oficina localizada en San Salvador se envían por Internet (y aun a las residencias) miles de comunicados anónimos, en los que, con una gran dosis de cobardía, se denigra a personas respetables.
Además, con todo eso se pretende entrampar las resoluciones que sobre el caso McDonald’s se tomen en el Poder Judicial o, al menos, demorar las decisiones fundamentales sobre el caso.

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