Tomando la palabra
Dos o tres mil abogados: ¡La nación os contempla!

Edgar Hernán Varela*
E-mail: edgar_Hernan_Varela@hotmail.com

Los dramáticos resultados de los recientes exámenes de notariado limitan momentáneamente el ejercicio notarial a dos mil abogados y a otros cientos más reprobados en el pasado. Con justa preocupación la Corte Suprema de Justicia se apresta a realizar un profundo análisis de las causas del fracaso profesional con la aprobación del examen que habilita al abogado a ejercer la función pública del notariado. Y no es para menos, un notario da fe de innumerables actos jurídicos que están íntimamente relacionados con la seguridad jurídica del Estado.

El problema no es exclusivo del Órgano Judicial. La seguridad jurídica es una responsabilidad de todos, comenzando por el sistema educativo nacional que asegure una educación de calidad en todos los niveles de enseñanza. La educación no es un mero negocio de ganancias y pérdidas. Lamentablemente, en vísperas del conflicto armado y ante los constantes cierres de la Universidad de El Salvador, se creó el marco legal para la apertura de “universidades” privadas, que en muchos casos apenas llegaron a tener una mínima infraestructura.

Al privar la idea del mercantilismo, en vez de ofrecer una verdadera educación superior, los expertos decidieron abrir escuelas de Derecho por la baja rentabilidad económica que significaba tener aulas mal equipadas, con un puño de libros en desuso y apiñados en unos estantes identificados graciosamente como la biblioteca jurídica, y con casi un 95% de profesores horas clase, algunos de ellos sin tener la certeza de sus conocimientos y de modernas metodologías de enseñanza.

Los resultados están la vista: algunas facultades de Derecho están graduando a estudiantes que lamentablemente no tienen asegurados todos sus conocimientos técnicos del derecho, adolecen de serias deficiencias en el uso del idioma castellano y demuestran dificultades para el razonamiento lógico jurídico. Asimismo, debido al desconocimiento de técnicas modernas de evaluación y rendimiento académico, los abogados, aparentemente, confrontaron problemas de comprensión de las preguntas de los últimos exámenes. Sólo 12 de 2000 abogados tuvieron éxito. Y esto sin desestimar que la prueba en sí sea susceptible de mejorarse en su forma y sustancia.

¡Qué enorme responsabilidad la del Estado en permitir que en algunas universidades se continúe ofreciendo una deficiente carrera de Ciencias Jurídicas a una juventud con aspiraciones legítimas de ser profesionales, para mejorar su condición de vida y contribuir al desarrollo económico y social del país!

Pero qué patético es para el Estado y la sociedad el saber que hay en el país una sobreoferta de alrededor de 10.000 abogados, entre quienes hay significativas cantidades de profesionales muy bien preparados y honestos, aunque hay otros convertidos en una real amenaza a la seguridad jurídica del país. Ese último grupo ha desvalorizado el costo del servicio, engañado a sus clientes, y contribuido a generar en la opinión pública la imagen de una deteriorada profesión del derecho y de la administración de justicia.

Tal vez entonces estemos a las puertas de analizar objetivamente la conveniencia nacional de que la Corte Suprema de Justicia realice un examen previo a la autorización del ejercicio de la abogacía, como en otros países, y que los demás órganos fundamentales del Gobierno cierren las facultades de Derecho por un plazo de 10-15 años, para nivelar la oferta de los servicios de abogacía y notariado. Mientras tanto, la Escuela de Capacitación Judicial y otras instituciones ofrecerían capacitación continuada a todos aquellos abogados que necesiten ampliar y consolidar sus conocimientos del Derecho y su escala de valores éticos jurídicos.

Así, el Estado tendrá más abogados y notarios honestos y capaces, asegurando además que la carrera judicial (jueces y magistrados) cuente con profesionales que coadyuven a una pronta y efectiva justicia. Todo ello se medirá mediante la restauración paulatina de la confianza de la sociedad en su sistema jurídico. Una vez mejorada la calidad del servicio y estabilizada la oferta profesional, se volverían a abrir facultades de Derecho al amparo de un solo currículo, adaptado a las modernas doctrinas jurídicas y a las exigencias contemporáneas de la sociedad nacional e internacional.

Mi planteamiento obedece exclusivamente a continuar apoyando el mejoramiento de las condiciones de la administración de justicia, la enseñanza y aprendizaje del Derecho y la seguridad jurídica de El Salvador.
*Dr. en Derecho.