Inconstitucional
Impugnan el Decreto 1024

Un ciudadano anunció que demandará hoy en la Corte a la Asamblea por la aprobación del decreto 1024, que prohíbe que el ramo de Salud se apoye en empresas privadas para dar servicios

Alberto López
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Plenaria del jueves 14 de noviembre de 2002 en donde diputados votaron a favor del decreto que prohibe la privatización de la Salud en el País . Foto Digital : Lizette Moreno.

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), así como otras entidades y ciudadanos, denunciaron ayer la inconstitucionalidad del decreto que prohíbe al Seguro Social y Ministerio de Salud que se apoyen en empresas privadas para prestar servicios.

Tan es así que el ciudadano Francisco García anunció ayer que pedirá hoy a la Corte que declare inconstitucional el Decreto.

García, la ANEP y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) denunciaron ayer cerca de una veintena de violaciones a la Constitución que propicia la disposición legislativa.

Para el caso, el artículo 3 del Decreto prohíbe la subcontratación de servicios, en contravención con la garantía constitucional de libertad de contratación.

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Los críticos coinciden en que el decreto viola además el principio de seguridad jurídica que establece el artículo 1 de la Carta Magna, pues revoca contratos de concesión establecidos por el Seguro Social por medio del Código de Comercio y del Civil.

Los concesionarios estarían en su derecho de demandar al Estado si se vulneran sus derechos, advierten.

Monopolio

FUSADES y ANEP van más allá y advierten que el Decreto “no tiene ningún efecto ni puede aplicarse” porque sobre él prevalece la Ley de Contrataciones.

“No contiene mandatos racionales ni es posible su aplicación”, afirma FUSADES.
El abogado Pedro Mendoza, de ANEP, dijo que el 1024 atenta con la seguridad jurídica del país, especialmente al prohibir concesiones y el Seguro mantiene varias al presente y muchas de las mismas vencen más allá del 31 de diciembre próximo, fecha límite, según el mismo decreto.

Además de la inconstitucionalidad, el decreto entra en conflicto con el artículo 173 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que establece mecanismos para los contratos y concesiones.

Asimismo se debe tomar en cuenta que el texto constitucional avala las concesiones y prohíbe el monopolio por parte del Estado, pero el decreto cierra las concesiones y permite el monopolio de los servicios.

Por su parte, García dijo que pedirá que la Sala de lo Constitucional suspenda la publicación del Decreto en el Diario Oficial hasta que se emita una resolución definitiva.

Sin embargo, se recordó que en otros casos, como en el del recurso contra la Ley de Integración Monetaria (la cual permitió la dolarización), los demandantes pidieron lo mismo, pero la Corte pidió copia de la publicación en el Diario Oficial para seguir con el trámite de admisión.

La Corte no suspendió el acto reclamado, pues en este tipo de demandas no aplica.