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PCN acepta que se excedió con el 1024

Un pecenista dice que si el Ejecutivo hubiera advertido al partido del caos jurídico que provocará el Decreto 1024, la decisión de la Asamblea hubiera sido otra

Ana Giralt
El Diario de Hoy

nacional@elsalvador.com

Excepciones en el decreto 1024: El Artículo 3 prohíbe la concesiones, pero permite contratar servicios, si: 1. Son servicios de diagnóstico por imagen y laboratorio que el ISSS no tenga, 2. En casos de emergencia nacional, 3. En caso de calamidad pública originada por desastres naturales. 4. En caso de enfermedades cuyo tratamiento no pueda ser ofrecido por el ISSS.

En un intento por no arriesgarse políticamente, el PCN ratificó el decreto que prohíbe la privatización y revierte las actuales concesiones de los servicios de salud.

Lo anterior provocó que el Presidente de la República, Francisco Flores, acusara a ese partido de haberlo engañado y que ahora, uno de los pecenistas que respaldó el decreto, reconozca que se cometió un exceso.
“Los excesos son que se suspenden los contratos vigentes a partir del 1 de enero”, dice Orlando Arévalo.

Y si eso ocurre, según Arévalo, será responsabilidad del Gobierno por no alertar a la Asamblea Legislativa del caos jurídico que provocará la vigencia del Decreto 1024.
– ¿Ustedes debieron prever esa situación? –se le preguntó al legislador.
– ¡Esa no es obligación de nosotros. Era obligación del Ejecutivo de advertir de una manera clara y contundente! –responde.

La solución

Arévalo dice que está en Francisco Flores evitar que ese caos se dé, convenciendo a los médicos de que existen servicios de salud que sólo se pueden brindar a través de contratos con la empresa privada.

“No tenemos problema de aprobar cualquier otro decreto que supere esa situación, siempre que venga de consenso”, adelanta.

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ARENA no ratificó, en la plenaria del jueves, el decreto que prohíbe la privatización y concesión de los servicios del ISSS.

De hecho, los partidos pequeños promovieron, días antes de la ratificación del 1024, un proyecto que recogía el espíritu de las observaciones presidenciales y del decreto en mención, que fue rechazado por los médicos.

El PCN prefirió no respaldarlo.

“La crisis llegó a un nivel tal, que cualquiera que hubiera apoyado al gobierno y se pusiera en contra de la causa defendida por los médicos, corría un alto riesgo de suicidio político”, apunta Orlando Arévalo.
La prueba, insiste, es que “los chipilines”, como denomina a los diputados del llamado “Bloque del Equilibrio” (o equilibristas: PDC, renovadores, CDU, PSD y AP), votaron por la ratificación del 1024.

El presidente de la Asamblea y secretario general del PCN, Ciro Zepeda, aclaró que el Decreto 1024 sí permite que el Estado compre servicios de salud a instituciones privadas.
La única diferencia es que se hará a través de contratos y no de concesiones.

“Las concesiones es para puertos y carreteras y no para la salud. La compra de servicios médicos es necesaria, el Seguro Social no es autosuficiente en un ciento por ciento”, insiste Zepeda.
Antes, sin embargo, el Estado tiene que demostrar que es incapaz de prestar determinado servicio.
– ¿Y por qué suspender por decreto las concesiones que ya están hechas? –se cuestionó a otro diputado.
– ¡Porque según los médicos hay algunas irregularidades! –responde Aristides Alvarenga, del PDC.

Esa disposición, dice Violeta Menjívar, del FMLN, obliga al ISSS a revisar lo que se ha concesionado.

 
 

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