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Cambios al cumplir cinco años de vigencia
Códigos hacia reforma total
Una amplia discusión sobre los cambios que sufrirá
la legislación penal y procesal penal inició ayer
con la participación de diversos sectores de la sociedad
María T. Pérez
El Diario de Hoy
 nacional@elsalvador.com
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Representantes del sector justicia, ANEP
y de FESPAD iniciaron ayer la discusión para revisar
los Códigos Penal, Procesal Penal y Ley Penitenciaria.
Foto digital Mauricio Castro |
El sector justicia ya no quiere remiendos ni parches en la legislación
procesal penal, sino una reforma integral.
Desde el 20 de abril de 1998, cuando entró en vigencia la
actual normativa, el Código Penal ha tenido 112 reformas,
en tanto que el Procesal Penal, 75.
Éstas han consistido en nuevas tipificaciones de delitos,
aumento de penas y supresión de beneficios para los imputados.
“Nada es perfecto, todo es perfectible”, reconoció
el Vicepresidente de la República, Carlos Quintanilla, al
inaugurar ayer un encuentro para analizar la legislación.
El foro “El Sistema Penal Salvadoreño: Su Experiencia,
Combate y Prevención de la Delincuencia” reunió
ayer a decenas de abogados, jueces, fiscales y defensores públicos.
Antes de su aprobación, diversos sectores señalaron
las fallas de los códigos, pero éstos fueron aprobados
“precipitada, inconsulta y desordenadamente”, al decir
del Fiscal General, Belisario Artiga.
A juicio de Artiga, uno de los mayores problemas es que “se
trató de enmendar los errores de la legislación de
una forma inconsulta y desordenada.
“Algunas reformas penales han provocado caos”, señaló
el funcionario, quien abanderó la lucha por el impulso de
una reforma total.
Plazo
El presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia,
Roberto Gustave Torres, propuso que se estableciera un límite
para el impulso de los cambios hasta abril de 2003, cuando la normativa
cumpla cinco años.
A esa fecha, se debería tener lista la revisión para
pedir los cambios a la Asamblea Legislativa, agregó.
El funcionario recomendó, además, el establecimiento
de una política criminal y el fortalecimiento de la investigación
científica.
Para Gustave Torres, el aumento de años a las penas de prisión
no es la solución para la prevención del delito.
Para el fiscal Artiga, del encuentro resultará en primer
diagnóstico de reforma integral, ya que muchos de los cambios
anteriores simplemente “no han funcionado en la práctica”.
El vicepresidente Quintanilla expresó el apoyo del Ejecutivo
a los esfuerzos de los sectores por garantizar la prevención
del delito desde la normativa vigente.
En tanto el director ejecutivo de la Asociación Nacional
de la Empresa Privada (ANEP), Luis Mario Rodríguez, señaló
que se debe trabajar por garantizar la seguridad ciudadana y jurídica.
Ambos aspectos, a juicio de Rodríguez, son los pilares fundamentales
para el logro del desarrollo de la inversión en El Salvador.
De acuerdo con Rodríguez, “se ha dado más énfasis
a instrumentos represivos en detrimento del esquema de naturaleza
preventiva” del delito.
La ANEP, que representa de manera legal a víctimas de secuestro,
trabaja para crear una fundación para la prevención
del delito, agregó.
Rodríguez aprovechó para exaltar el trabajo de la
Corte Suprema de Justicia por considerar que en los últimos
meses ésta “ha dado un paso histórico y como
administrador de justicia ha evolucionado enormemente”.
Para el ejecutivo también es necesario promover la confianza
en las instituciones.
Otro de los participantes de FESPAD, Edgardo Amaya, señaló
la falta de recursos económicos y de un diagnóstico
sobre las causas de la criminalidad.
Algunos tropiezos en la legislación
La justicia salvadoreña busca corregir la legislación
de cara a la prevención del delito.
- Debido a la falta de consulta “los cambios
han generado caos”, dijo el Fiscal General, Belisario Artiga.
- Otro de los tropiezos es que al momento de la entrada en vigencia
de la normativa la Fiscalía, por ejemplo, no estaba preparada
para responder a su nuevo rol: la dirección funcional de
la investigación.
- La asesoría insuficiente para defensores, fiscales, policías
y abogados, es otro punto en contra de la normativa, señalan.
- La falta de recursos financieros tanto en la Fiscalía como
en la Procuraduría General, para la contratación de
personal, es otro de los problemas señalados.
- Por ejemplo, en San Miguel, uno de los departamentos considerados
más violentos, sólo hay 14 defensores públicos
mientras que en San Salvador ejercen 70, señalaron.
- Otro ejemplo, según el representante de Fespad, Edgardo
Amaya, es que en algunos tribunales ni siquiera existen computadoras.
- Los funcionarios, que discuten una reforma integral a los códigos
y a la Ley Penitenciaria, señalaron que se busca convertir
la normativa en un instrumento de combate y prevención del
delito.
112 reformas
al Código Penal fueron agregadas hasta el momento, según
informes oficiales.
75Reformas
al Código Procesal Penal han sido agregadas desde la vigencia
de éste en abril de 1998.
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