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Piden despenalizar la injuria y la calumnia

Los jueces consideraron que la justicia debe madurar más para enfrentar una reforma como esta

Alberto López
El Diario de Hoy

nacional@elsalvador.com

Una barrera como esta, en Casa Presidencial, es la frontera entre periodistas y el poder. Foto EDH / Arturo Silva

En un futuro, los periodistas podrían quedar exentos de ir a la cárcel y sólo responder con indemnizaciones si incurren en calumnia, injuria y difamación.

Lo anterior se planteó durante la Conferencia Judicial sobre Libre Expresión en El Salvador, celebrada ayer en esta capital con la participación de representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En el foro se trajo a cuenta la tendencia de algunos países en despenalizar los delitos relativos a la libertad de expresión, entendiendo que los medios que incurren en ellos no tienen la intención de hacerlo.

La reforma argentina, dijo el especialista de la SIP, doctor Gregorio Badeni, exonera de responsabilidad en la condena por calumnia a un medio informativo.

En lugar, responsabiliza a la fuente que expresa la calumnia, aclaró.

El exonerar la responsabilidad penal no quiere decir que se evada la civil, agregó el jurista, por lo que sí puede haber proceso en este campo en una posible indemnización por daños civiles.
Badeni diferenció los ámbitos de la libertad de expresión: la individual, la del medio de comunicación y la estratégica.

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La penalización sirve muchas veces como cortapisas, restricción o arma de venganza, sobre todo de allegados al poder.
Tanto la jueza Nora Montoya como el abogado Ernesto Alfredo Parada, que disertaron sobre este tema, coincidieron con que se despenalicen la injuria y la calumnia en El Salvador.

Ambos coinciden en que son barreras para el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Parada, agregó que, inclusive, el código vigente es aún más restrictivo en este tema.
Montoya aseguró que salvaguardar la libertad de expresión es importante para validar el régimen democrático.

En contra

No todo fue a favor de las ponencias. Muchos de los presentes se opusieron a la despenalización.
Para el Juez 6o. de Instrucción de San Salvador, Roberto Arévalo Ortuño, aún no existe la suficiente madurez jurídica en El Salvador para un cambio de este tipo.

“Queremos partir de una madurez para este cambio que el país aún no posee”, dijo.
Según el funcionario, tras alguna resolución considerada como “polémica”, cualquiera se siente con la autoridad para criticar sin que sea abogado y sin que conozca el caso.

Para el Juez 1o. de Instrucción de esta capital, Levis Italmir Orellana, tampoco existe madurez jurídica y, además, la jurisdicción civil que es de la que no se escaparía el presunto infractor no es lo suficiente amplia para regular y sancionar este tipo de conductas.
Rafael Molina, de la SIP, concluyó que en este tema existen opiniones a favor y en contra, pero que abonan a un sano entendimiento entre las partes.

 

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