Varias empresas comienzan a sufrir escasez
Washington podría intervenir en conflicto portuario

Cálculos pesimistas estiman que el paro en los puertos de la costa Oeste ocasiona pérdidas hasta por $2,000 millones diarios. El fin de semana, las autoridades urgieron a ambas partes a lograr un acuerdo y aceptar la mediación gubernamental

Washington
EFE.
Negocios
El Diario de Hoy
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El Gobierno de EE.UU. estudia pasar a la acción en el conflicto que paraliza los puertos de la costa Oeste del país y que amenaza con causar un grave daño a la economía del país, indicaron el fin de semana fuentes oficiales.
La mediación sería a través de una comisión oficial que estudie el impacto del conflicto en la delicada economía estadounidense, en lo que sería el paso previo al uso de la ley Taft-Harley, de 1947, para poner fin al cierre patronal, indicaron fuentes oficiales, que pidieron el anonimato.

El mensaje del presidente, George W. Bush, "al sindicato y a la patronal es simple: están dañando la economía", dijo el sábado el portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, durante unas declaraciones en Manchester (Nueva Hampshire).
Fleischer recalcó que las consecuencias del bloqueo de los puertos se están haciendo sentir ya en otros puntos del país, en forma de escasez de productos para el comercio de materias primas para la industria.

Llamado de atención

"La Administración urge a ambas partes a retornar a la normalidad de operaciones mientras continúan las negociaciones", señaló la secretaria de Trabajo, Elaine Chao, en un comunicado.
Chao insistió en que empresas y trabajadores negocien conjuntamente con el Servicio de Mediación Federal para "resolver este asunto lo antes posible".

El paro, que entra hoy en su noveno día ininterrumpido, fue decidido por la patronal, que agrupa a las empresas operarias y las navieras de los puertos de la costa Oeste del país, como forma de presión al sindicato de estibadores, dentro de la negociación de un nuevo convenio colectivo.

Un recurso legal

Bush podría invocar la ley Taft-Hartley, que autoriza a la administración central a obtener una prohibición de 80 días contra una huelga amenazada o ya aprobada si se demuestra que podría "poner en peligro la salud o el bienestar de la nación".

Pero si Bush decidiese aplicar la ley, que no se ha utilizado desde 1978, pondría en su contra al movimiento sindical de EEUU, que ya criticó con anterioridad a la Casa Blanca por interferir en los procesos de negociación entre sindicatos y empleadores.

Además, la ley nunca se ha utilizado para obligar a las empresas a que pongan fin a un bloqueo, como es el caso, sino para obligar a los trabajadores a que concluyan una huelga.
Numerosas empresas, como los fabricantes de automóviles y aviones, han comenzado ya a sufrir escasez de materiales y piezas, mientras que los comercios experimentan la falta de algunos productos importados de Asia.

Según los cálculos más pesimistas, el bloqueo ya está costando 2,000 millones de dólares al día.
Las negociaciones habían logrado algunos progresos el viernes, y las dos partes consintieron en reanudar las operaciones de carga con destino a Alaska, un estado que depende en gran medida de las importaciones para conseguir muchos bienes esenciales, incluidos los alimentos.