Analizando
El aspecto ético y los títulos falsos

Armando rivera Bolaños*
El Diario de Hoy
editorial@elsalvador.com

Ahora las baterías de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República (FGR) apuntan hacia otros objetivos, los mismos que debieron ser investigados hace tiempo en el caso de los títulos falsos: los directivos universitarios que extendieron y avalaron esos documentos fraudulentos.

En este penoso asunto, por el que fueron removidos de sus cargos unas cuantas decenas de juzgadores, la culpabilidad, indudablemente, envuelve a tres participantes antiéticos: las universidades que otorgaron esos títulos, las autoridades educativas encargadas del examen para registrarlos como válidos y los estudiantes que se prestaron a la farsa, aunque descargar en estos últimos todo el peso de la falsedad evidenciada en las investigaciones especiales de la FGR nos pareció, desde el primer momento, una actitud demasiado extrema, pero tampoco alejada del buen propósito de sanear la profesión del Derecho en nuestro país y, más aún, de depurar el sistema judicial de la República.

El aspecto ético estudiantil no puede soslayarse. De hecho se dieron algunas actitudes que lo reflejan, como lo sucedido en una de esas universidades, que después de varias investigaciones fue cerrada por el Ministerio de Educación. Un grupo de estudiantes de Ciencias Jurídicas, casi a mitad de la carrera, dispuso entrevistarse con la entonces subdirectora nacional de Educación Superior, Lic. Rebeca Berríos de González (sic). A principios de julio de 1997, en forma serena, pero firme, le pidieron aquellos estudiantes a la funcionaria que les dijera si la universidad sería clausurada y cuáles serían las causas de ese cierre, ya que los directivos (me refiero al rector, ahora concejal capitalino y otro más), les decían que Educación deseaba acabar con ese centro superior “por pura politiquería, basada en un supuesto espacio antipedagógico de las aulas”.

La Lic. de González, amable y cortés, les respondió cuáles eran los fundamentos reales por los que esa universidad estaba a las puertas de ser desautorizada. Ese grupo de estudiantes, en un gesto ético que debe ser emblemático de quien desea ser profesional universitario honesto, se retiró de esa universidad de inmediato y buscó otras universidades. No permitió engaños ni falacias de quienes, a sabiendas de sus manejos irregulares, seguían ofreciendo ventajas de estudios, que estaban próximas a desaparecer.

Por eso son inaceptables las “justificaciones” sobre que la Ley General de Universidades Privadas, por ser blanda y desdentada, permitía las sinvergüenzadas que se dieron con los títulos falsos, como también son inconcebibles las “excusas” de quienes los aceptaron, a sabiendas de que fueron obtenidos de mala fe y sin llenar los requisitos académicos necesarios. No cabe duda de que jugaron sucio y manosearon una profesión honrosa en la cual descansa el orden social y la convivencia humana. La misma bella profesión que los antiguos romanos estructuraron a lo largo de cinco siglos, para dar al mundo occidental los magnos códigos que aún son objeto de estudio minucioso.

Apoyamos a la Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General de la República en este proceso depurador de nuestra querida profesión. Confiamos en que mañana otros gremios profesionales sigan este ejemplo decantador para alcanzar una mayor confiabilidad.
* Psicólogo y Lic. en C.C. Jurídicas.