En propuesta de salud
Otra mordaza a la información

Dos artículos del anteproyecto de Ley del Consejo Previsional de Salud atentan contra el acceso a la información. El Artículo 20 prohíbe a los funcionarios difundir “información confidencial”. Los infractores, dice el Artículo 23, “serán destituidos”

Ana Giralt
Nacional
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Los periodistas serían los principales afectados si los diputados aprueban la Ley del Consejo de Salud Previsional tal y como fue enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa la tarde del miércoles. Foto: EDH/Franklin Rivera

Además de cambiar el sistema tradicional de ofrecer el servicio médico a los cotizantes del Seguro Social, el plan de salud previsional del Presidente de la República impondría medidas que amenazan con obstaculizar el libre ejercicio de acceder y dar información.

Lo anterior se desprende de la interpretación política que los diputados hacen de los artículos 20 y 23 del proyecto de Ley del Consejo de Salud Previsional, en poder de la Asamblea Legislativa.

El primero prohíbe a las personas vinculadas con la Junta de Directores, máxima autoridad del Consejo, a divulgar “cualquier información confidencial sobre los asuntos allí tratados”.

El otro impide a quienes tengan relación laboral con el Consejo a “revelar cualquier detalle de los informes que haya emitido o dar noticia de cualquier hecho reservado que haya tomado conocimiento en el desempeño de su cargo”.
La violación de ambas disposiciones, reza en los articulados, conlleva a una responsabilidad penal.
Al segundo artículo, además, se le agrega la destitución del infractor “sin responsabilidad patronal”.

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El rechazo

Antonio Elías Saca, vicepresidente de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) y presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, pide a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa poner especial atención en estos dos artículos.
“Pueden ser un obstáculo y deben revisarse. Sancionar a un empleado por dar a conocer un acto de corrupción es gravísimo”, apuntó.

El diputado independiente Francisco Jovel concluye que las disposiciones se prestarían para cometer arbitrariedades administrativas, además de vulnerar el derecho a la información.
“¿Qué se va a considerar como hechos reservados?”, pregunta el legislador.
De no hacerlo, Jorge Villacorta, del CDU, seguirá creyendo que el Artículo 23 “es exagerado, porque un empleado no puede ser amarrado de su boca para denunciar una falta o un acto de corrupción”.

Lo que sí podría llegar a justificar Villacorta y Dagoberto Marroquín, del PCN, es la redacción al Artículo 20, ya que las decisiones de la Junta de Directores se vincularán con la administración de los recursos que se obtengan de los cotizantes.

Quizá por ello, en ese Artículo se alude a la confidencialidad de la información y a quienes se aprovechen de ésta “para fines personales o en daño del Estado, del Consejo o de terceros”.
Parte del problema, según se explicó anoche a El Diario de Hoy, es que una norma similar poseen las leyes que crearon las superintendencias que vigilan las pensiones, los bancos y las Bolsas de Valores.

El espíritu de los creadores dela ley es evitar que los directores filtren información aunque, como se dijo, no se pretende limitar informes institucionales.
Bajo la óptica de Schafik Handal, jefe de fracción del FMLN, lo que intenta el Ejecutivo con los artículos 20 y 23 es “tapar la corrupción” del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
“¡Cómo no va a tener derecho la población a la información de lo que se está haciendo con su salud!”, manifestó el ortodoxo.