Batalla legal contra juegos prohibidos
Fiscal espera ediles pidan cerrar casinos

Los alcaldes sólo se limitaron a enviar una lista de los juegos nada más, señaló ayer el fiscal Artiga

El Diario de Hoy
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La batalla para cerrar las salas de juego en El Salvador aún no parece definirse. Ayer, el fiscal Belisario Artiga dijo que con la lista de juegos la Fiscalía no puede hacer nada. Foto EDH

El Fiscal General de la República, Belisario Artiga, aún está a la espera de que algún alcalde pida proceder contra los casinos por uso de juegos prohibidos.

Hasta hoy, afirmó, ninguno lo ha solicitado.
La Asamblea Legislativa ordenó a las alcaldías realizar inspecciones en los casinos, a fin de determinar si en estos existen juegos prohibidos. De haberlos, el cierre sería inminente.

El fiscal Artiga dijo ayer que hasta el momento ningún alcalde ha solicitado el apoyo legal para ejecutar cierres de casinos.

Los alcaldes sólo se han limitado a mostrar, a través de informes de inspecciones, los tipos de juegos existentes en éstos, dijo.

A juicio del funcionario, la Fiscalía no tiene la potestad para cerrar las salas de juego, ya que la Asamblea Legislativa delegó la responsabilidad en las comunas.

Según el funcionario, el Ministerio Público sólo podrá proceder a la clausura después de que las alcaldías decidan suspender los permisos que han otorgado.

Los alcaldes de Santa Ana y Nueva San Salvador son los únicos que han enviado los listados de los juegos al Ministerio Público.

Se trata de juegos establecidos en los casinos Montecarlo, de Santa Ana, y Bingo Club, de Nueva San Salvador.
La Fiscalía no ha procedido al cierre pese a que las actas municipales, en el caso de Nueva San Salvador, dan cuenta de que en ese casino hay juego que proscribe la ley.

En ambos casos, los representantes legales mantienen solicitudes de amparo en la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia.

Los amparos aún se encuentran en trámite. La Corte todavía no ha determinado si serán admitidas o no en la Sala de lo Constitucional.

Los propietarios alegan violación del derecho al trabajo.

El juego sigue

En julio, la Asamblea Legislativa emitió un decreto en el que reconoce la vigencia de la antigua Ley de Policía, que prohíbe los juegos de azar.
La Asamblea estableció que las alcaldías deben inspeccionar los casinos e informar a la Fiscalía de los juegos que poseen.
Si hay juegos prohibidos, la Fiscalía General debe proceder a cerrar los establecimientos.