Ordenan secuestrar
acciones del Estado
Aunque se trata de casi el 2 por ciento
del total de las acciones que el Estado posee en
TELECOM (25%), la decisión de secuestrar
esos títulos se tomó para que
responda por una causa por ¢52 millones en
daños que se estableció contra la
antigua ANTEL
- El Diario
de Hoy
Una
porción de las acciones que el Estado
mantiene en CTE se encuentran secuestradas por
mandato judicial, como parte de un largo pleito
judicial que una empresa constructora
planteó contra la desaparecida ANTEL.
Quinientas doce mil acciones que tienen un
valor de cien colones son la base de un litigio
presentado, hace varios años, por la
empresa Delta Ingenieros contra la desaparecida
ANTEl.
Los responsables de conducir ANTEL
decidieron, hace casi cinco años,
rescindir un contrato con Delta Ingenieros, a la
que se le encargó la ampliación de
la red telefónica de planta externa de
las centrales de Apopa y Atlacatl.
La decisión se tomó, en buena
parte, porque a los propietarios de Delta se les
acusó de incumplir un proyecto de
construcción de varias carreteras
planeadas por el Ministerio de Obras
Públicas.
En 1998, la Sala de lo Constitucional
resolvió un recurso de amparo con el que
obligó a indemnizar a Delta Ingenieros
tras increpar la resolución del
contrato.
Eso sucedió poco antes de que se
privatizara la telefónica estatal, y los
magistrados consideraron que, antes de rescindir
el contrato, se debió cumplir una serie
de audiencias para escuchar a los representantes
de Delta Ingenieros.
Larga batalla
Desde ese momento, los apoderados legales de
la firma constructora calcularon los
daños en ¢51.2 millones. El reclamo,
sin embargo, planteó, desde el principio,
un reto que tildaron los magistrados de la Sala
de lo Constitucional: que ANTEL-CTE no
previó fondos para atender ese tipo de
reclamos por daños.
Una vez que se resolvió el recurso de
amparo, se inició un juicio sumario de
liquidación en el Juzgado Tercero Civil,
que condenó a ANTEL a pagar ¢49
millones, en septiembre de 1999.
Esa condena la apelaron los abogados de la
desaparecida ANTEL y, más tarde, la
Cámara Segunda de lo Civil declaró
nulos los señalamientos del monto de la
indemnización.
Todo provocó un nuevo camino: se
estableció un juicio ordinario para fijar
la liquidación de los daños.
Allí se pidió el secuestro
preventivo de bienes de ANTEL, pero, como esa
institución legalmente no existía,
arrancó otro tipo de problemas.
Ya en el año 2000, un juez
ordenó secuestrar bienes por ¢51
millones para atender la demanda de la empresa
constructora, que exhibió otros
antecedentes relacionados con sus tareas.
Por ejemplo, a Delta Ingenieros se le
acusó, mucho antes, de perjudicar,
patrimonialmente, a otra empresa constructora
guatemalteca que se asoció con esa firma
para realizar el proyecto de carreteras con el
MOP.
Abogados luchan
Posteriormente, el presidente de Delta
Ingenieros, José Hernández, fue
acusado y encarcelado por girar un cheque sin
fondos por ¢325 mil. El caso se
solucionó más tarde.
Representantes de la Fiscalía General
de la República, quienes asumen la
defensa del Estado en casos como esos, han dado
una dura lucha legal contra la posibilidad de
que, finalmente, la empresa constructora se
quede con ¢52 millones de las acciones que
el Estado posee en TELECOM (casi un 25 por
ciento. Lo secuestrado significa cerca del 2 por
ciento del total de la
participación).
Dentro de la estrategia legal seguida, se ha
alegado que los bienes de ANTEL eran
inembargables y que se debe probar que existe
una deuda con la empresa constructora.
Pero, un juez ordenó, en diciembre del
2000, lo que se confirma ahora, secuestrar 512
mil acciones que el Estado guardaba en el Banco
Central y que, en algunos momentos, como se ha
informado, se piensa vender en su totalidad.
Fue en febrero pasado cuando cobró
vigencia el secuestro, pues un juzgado de
Primera Instancia no reconoció el endoso
que hiciera ANTEL al Estado de la porción
de acciones que mantiene en su poder.
Más recientemente, el juez
denegó que compareciera en el proceso el
Lic. Carlos Molina, como representante de la
Fiscalía General de la República.
Esta institución apeló su
resolución, ya que se considera inaudito
que no se deje actuar al abogado como
representante del Estado en el largo
litigio.
Los apoderados del Estado también
presentaron un recurso de amparo, que
todavía no se resuelve, para que todo el
proceso que permitió secuestrar la
porción de acciones del Estado sea
declarado nulo.
Puntos de vista
-Delta Ingenieros ha sostenido que ANTEL,
antes de convertirse en CTE, incumplió la
Ley de Privatización, pues no
traspasó los bienes. Los asesores
jurídicos de la antigua ANTEL aseguran
que, en ningún momento, ANTEL
mantenía pasivos pendientes con Delta
Ingenieros porque "nunca se firmó un
contrato con esa compañía".
-Si no existía contrato, es imposible
establecer cuánto se le debía a
Delta Ingenieros, asegura la parte que se opone
a las acciones seguidas hasta ahora.
-Hacia lo inmediato, se debe resolver un
nuevo recurso de amparo planteado por el Estado
para que anulen las actuaciones seguidas. Es
probable que el proceso legal se demore muchos
meses.
