Investigación
de títulos falsos de abogados
Ocultaron pruebas a
Fiscal
En su informe, el Lic. Roberto Vidales,
quien investigó los títulos
falsos, dice que hasta por errores no explicados
de la Corte Suprema de Justicia algunos
lograron que se les autorizara para ejercer la
abogacía en El Salvador
- El Diario
de Hoy
Entorpecimientos,
ocultamiento de pruebas, universidades cerradas
por las autoridades que se niegan a entregar
certificaciones de notas o sus archivos, son
parte de los problemas que encaró la
Fiscalía General de la República
para investigar los primeros casos de los
títulos falsos o irregulares.
Para documentar los primeros 169 casos, los
fiscales pidieron a las antiguas autoridades de
al menos seis universidades cerradas por el
Ministerio de Educación que les
entregaran sus archivos, pero no atendieron los
reclamos.
En las diversas ocasiones en que se pidieron
los archivos a esas personas, ninguna de ellas
dio explicaciones de lo que sucedió con
los documentos.
Frente a eso, al ex fiscal especial, Roberto
Vidales, aprueba una tesis de funcionarios del
Ministerio de Educación: que posiblemente
no entregan los archivos porque "se han
convertido en un capital que explotan,
extendiendo certificaciones con fechas de
años anteriores, después del
término en que legalmente podían
extender cualquier documento en nombre de la
universidad, a los estudiantes necesitados de
ellas".
Una de las acusaciones que se hace a esas
antiguas autoridades universitarias es que
emitieron certificaciones en las que admiten
"errores" en certificaciones pasadas o
comenzaron a entregar certificaciones globales
de notas que trataban de disimular las
anomalías incurridas y a alterar sus
expedientes, en las ocasiones en que estos
existían.
Infructuosos
A pesar de todo eso, el Lic. Vidales
considera que, pese a la oposición de las
viejas autoridades universitarias, encontraron
muchas pruebas en millares de certificaciones de
notas que emitieron, confiadamente, al igual que
otros documentos, a solicitud de los graduados.
Al cruzar esas informaciones con las de otras
universidades (en los casos de quienes se
pasaron de universidad), encontraron un primer
camino para probar las anomalías.
Otros registros públicos en los que
estudiantes entregaron certificaciones de sus
notas, también se han convertido en
caminos hacia las pruebas que requiere la
Fiscalía.
Las investigaciones hechas por el Ministerio
de Educación antes de cerrar al menos
seis universidades que funcionaron en el
país, son otras de las fuentes de
información más importantes en
torno a la investigación de los
títulos.
En cada paso que dieron los investigadores de
los títulos de muchos abogados,
encontraron toda suerte de problemas, tanto en
el Ministerio de Educación como en la
Corte Suprema de Justicia.
En la Sección de Investigación
Profesional y Autorización de la Corte
detectaron que está a cargo de una sola
persona. Allí se encuentra con el
único sistema informático de la
sección con un programa anticuado.
La única persona que trabaja
allí incluye los nuevos nombres, excluye
abogados, anota notarios suspendidos,
inhabilitados o fallecidos.
Anticipados
Según se menciona en el informe del
Lic. Vidales, de 1995 a 1997 la Sección
de Investigación Profesional de la Corte
fue la primera institución estatal que se
dedicó al examen de los procedimientos de
graduación de los abogados.
Se recuerda, incluso, que en el primer
año, y a sugerencia del antiguo jefe, Dr.
Ernesto Arrieta Peralta, la Corte emitió
un acuerdo en el que se exigió a quienes
pedían la autorización para
ejercer la carrera, que comprobaran la
legitimidad del proceso de graduación.
Esto
se exigió a quienes se cambiaban de
universidad porque, desde esa época,
comenzaron a detectar "demasiadas graduaciones
anticipadas".
Incluso, en ese tiempo se estableció
que algunos graduados supuestamente estudiaron a
tiempo completo en dos universidades distintas o
completaron la carrera en dos o tres
años, lo que es imposible.
Vidales recuerda, en su informe, un hecho
que, según su criterio, abrió
puertas para que se cometieran nuevas
anomalías. Menciona que en 1997, la Corte
Plena descargó el examen de los
trámites de graduación de los
solicitantes al Ministerio de
Educación.
Eso permitió, según Vidales,
que la mayoría de las personas cuyas
autorizaciones fueron detenidas, pidieran el
desglose de los originales de sus documentos en
sus expedientes, "quedando las copias
confrontadas en los mismos y regresaron poco
después con sus títulos
registrados por el Ministerio de
Educación".
Vidales sentenció, en su informe: "A
la sola vista de la nota de registro, la Corte
autorizó para el ejercicio profesional a
decenas de licenciados en cuyos expedientes
constaban las irregularidades de su
graduación, sin más
trámite. Muchos de esos casos
habían sido investigados y declarados
irregulares por el Ministerio y comunicada tal
resolución a la Corte".
También advierte que en otros casos
revocaron resoluciones firmes que denegaban la
autorización para el ejercicio de la
abogacía y eso se hizo "a la sola
solicitud del graduado, sin que presentara su
título registrado".
Vidales opina que las actuaciones de la Corte
sólo se explican "por la voluntad de
ignorar el problema".
