Orientando
Estos caminos son
míos, ¿y qué?
Daniel
L. Wisecarver*
Todos los años en El Salvador, los
conductores de buses matan y lesionan a un
número impresionante de personas:
pasajeros suyos, pasajeros en los otros
vehículos chocados o simples inocentes
que tuvieron la mala suerte de estar cerca del
lugar donde pasaba el bus; en términos de
la cantidad de muertes, los buses constituyen un
terremoto al año. Para los accidentes que
merecen informes periodísticos, el
recuento casi siempre es el mismo: el conductor
(a veces los conductores) se dio a la fuga, y
queda como problema para los lesionados,
familiares de los muertos y otros arreglar su
situación particular como mejor
puedan.
Permítanme sugerir el bosquejo de una
solución. ¿Qué puede saber un
economista sobre el sistema de transporte
público terrestre? En realidad, es muy
poco lo que sabemos los economistas sobre la
mecánica de los buses, el adiestramiento
de los conductores, el diseño de las
rutas óptimas. Pero lo que sí
manejamos son las implicaciones de los
incentivos que emergen del régimen
explícito o implícito de los
derechos de propiedad, y dicho régimen en
El Salvador debe darse una vuelta de 180
grados.
Hoy en día, cada persona en El
Salvador que tiene un vehículo cree que
toda calle y carretera son suyas, y que para
cualquier problema de tránsito que
ocurre, la culpa la tienen todos los
demás que están usando su camino.
Y todos tienen razón. El espacio en la
red de calles, caminos y carreteras es lo que se
llama un "recurso de propiedad común" y,
cuando demasiados "propietarios" lo utilizan
simultáneamente, se produce el
fenómeno de la congestión
vial.
Pero una cosa es la congestión vial,
que genera molestias y costos en términos
de tiempo o combustible perdido, y de que todos
tienen la culpa. Otra muy diferente son los
costos que sufren algunos por los actos
irresponsables de algunos. Cuando los buses
están involucrados en un accidente y huye
el conductor, ¿qué pasa con el
dueño del bus? Bien, gracias. No
sabía quién manejaba ni
dónde vive ni nada, y por lo tanto,
¿qué culpa? O cuando se alegan
"fallas mecánicas", pues
¿quién fue el responsable de la
revisión y/o reparación del
vehículo defectuoso? Según el
dueño del bus, no fue él.
Todo esto debe cambiar. En definitivo, quien
contrata a los conductores malos y paga los
servicios mecánicos deficientes, pero
quien queda con las utilidades, es el
dueño. Corresponde que la ley explicite
que el dueño también es el
responsable por todos los daños causados
por su negocio. ¿Hay alguien que cree TACA
no sabe quiénes son sus pilotos, o
quiénes son los mecánicos que
revisan sus aviones? ¿Por qué se
conforma con tanto menos al tratarse del
transporte terrestre en el país?
Hay que crear los incentivos para que el
dueño del bus se interese en serio por
evitar estos problemas, que sea el primero en
querer saber quién está manejando
sus máquinas y quién las repara.
El interés deseado se lograría
automáticamente al promulgar una ley que
estipule expresamente que, en caso de cualquier
accidente que involucra un bus, el dueño
del bus será civil y penalmente
responsable por todos los daños
ocasionados. Dicha responsabilidad se puede
levantar únicamente al comprobar que: (a)
la culpa la tuvo el conductor, conocido,
identificado, ubicado y asegurado; (b) la culpa
la tuvo el otro vehículo (o el
árbol, o la casa, según el caso),
(c) el accidente se debió a una falla
mecánica, y el mecánico o el
taller mecánico responsable por la
revisión y reparación de la
máquina haya sido identificado, ubicado y
es susceptible de ser tenido como responsable
por el accidente.
Con este cambio en las reglas del juego, de
repente serían los dueños de los
buses quienes se interesarían por saber
exactamente quién está manejando
sus vehículos y cuán bien lo hace.
Contratarían servicios mecánicos
con talleres honestos y responsables, o
capacitaría a sus propios
mecánicos. Se produciría un cambio
notable en lo que día a día sucede
en los caminos salvadoreños bajo las
reglas actuales -mejor dicho, bajo la falta
actual de reglas-. Y, como los accidentes
suceden aún con operadores responsables,
los dueños de los buses se
preocuparían ellos mismos por contratar
su propio seguro, buscando la mejor
combinación de primas, cobertura y
confiabilidad (y nacionalidad) de la
aseguradora.
Otro beneficio sería la
desaparición de las discusiones
estériles que surgen de vez en cuando
entre el Viceministerio de Transporte, los
diputados y los buseros (ejemplo: El Diario de
Hoy de fecha 22 de mayo de 2001), en las cuales
todos se acusan a los otros por la falta de
claridad, de no exigir el cumplimiento con el
seguro obligatorio, de no determinar
quién administrará el tema, los
costos, coberturas, etc. Toda la
discusión tiene un trasfondo de
paternalismo, desconocimiento del sistema de
mercado, y la indisposición de asumir las
responsabilidades involucradas. Y para mientras,
no pasa nada para mejorar la seguridad y
responsabilidad en el transporte terrestre.
En cambio, al responsabilizar legalmente a
los dueños de los buses de todos los
daños ocasionados por sus
máquinas, ellos tendrán que asumir
los costos correspondientes, y así debe
ser, porque están muy dispuestos a asumir
los beneficios del transporte terrestre. De esta
manera, los caminos del país
seguirán siendo de ellos, pero
habrá un precio implícito para
aprovechar su "patrimonio".
*Director académico Escuela Superior
de Economía y Negocios
