Tema
del momento
La lucha es larga,
comencemos ya
Francisco
Díaz Rodríguez*
Quienes
hablando de la delincuencia dicen "no se puede
más, esto ya es invivible", por desgracia
se equivocan: puede ser peor y tendremos que
seguir viviéndolo. Ejemplos hay muchos,
cercanos y lejanos, con nuestra querida Colombia
a la cabeza. Y las cosas serán tanto
más graves, cuanto más tardemos en
hacer lo que se debe, como se debe, empecinados
sólo en lo legal. El problema es tan
grave y de tal complejidad y tamaño, que
se requieren acciones coordinadas de
carácter nacional para enfrentarlo.
Hasta agosto de 1995, según lo expuse
ante los ministros de Defensa y de Seguridad
Pública del momento, las acciones de
respuesta eran cuatro: del gobierno, reforzar a
la PNC con el Ejército; de los
políticos, endurecer las penas y lanzar
una "ley especial" que de nada sirvió;
las alcaldías, reeditar mediante
ordenanzas, que tampoco sirvieron, las obsoletas
leyes de peligrosidad y contra la vagancia; de
la sociedad, medidas de autodefensa que iban
desde cerrar colonias, calles o pasajes, hasta
la tenebrosa "Sombra Negra". Seis años
después, sólo podríamos
agregar los programas de prevención
social del delito, una acción policial
más decidida y la depuración
parcial de la PNC y de la FGR.
Es claro que todo eso ha sido insuficiente.
¿Qué debemos hacer entonces? Sin
pretender la última palabra ni incluir
los temas socio económicos de fondo, me
atrevo a proponer diez grandes líneas de
acción.
Primera. Compromiso nacional de
recuperación de los valores
cívicos y la probidad. Liderado por el
Presidente de la República, se trata de
una gigantesca acción de
divulgación, promoción y
reconocimiento a la práctica de valores
cívicos y probidad, involucrando a todas
las esferas dirigenciales del Gobierno central,
de los gobiernos locales y de la sociedad en
general en todo el país: ministros,
diputados, magistrados, jueces, concejales,
autónomas, partidos políticos,
militares de todo rango; Iglesia Católica
e iglesias cristianas de toda
denominación; dueños y directores
de medios de comunicación; periodistas y
editorialistas; comunidad universitaria en
general; gremios e instituciones de la empresa
privada; colegios y gremios profesionales;
organizaciones civiles privadas de todo tipo;
cooperativas, sindicatos e instituciones de
trabajadores públicos y privados; clubes
de servicio, organizaciones deportivas,
estudiantiles y juveniles de toda especie.
Segunda. Combate a la corrupción. El
Estado debe esclarecer públicamente el
meollo de los numerosos y graves
escándalos de todo tipo que han quedado
como si nada, y perseguir y juzgar a sus
responsables. Deben crearse las figuras penales
que indica la Convención Interamericana
contra la Corrupción, recientemente
suscrita, e investigarse con especial
atención el contrabando, el
narcotráfico y el lavado de dinero, en
donde se sabe están involucradas altas
personalidades.
Tercera. Operación caminante. El
patrullaje conjunto de la PNC y el
Ejército se debe generalizar a escala
nacional, con procedimientos claros, por tiempo
definido y sometido a supervisión de la
Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos.
Cuarta. Inversión y
reingeniería en la FGR. La estructura
organizacional de la FGR sigue siendo la misma
de antes de las reformas constitucionales de
1991 y legales de 1998; se debe reestructurar
íntegramente de acuerdo con la realidad
legal y funcional actual. Un plan intensivo de
capacitación para agentes fiscales en
técnicas de investigación fiscal
del delito, y de selección y
capacitación de nuevos fiscales, es
urgente, lo mismo que mejorar instalaciones y
equipos.
Quinta. Tecnificación de la PNC. Una
plan semejante, de emergencia, concentrado
especialmente en la calificación
técnica y ética del personal, con
énfasis en la investigación del
delito, es igualmente urgente en la PNC.
Sexta. Información estadística.
A la fecha no existe un solo sistema fiable,
consistente y adecuado para recoger, medir e
investigar el fenómeno de la
delincuencia. ¿Increíble,
verdad?
Séptima. Reingeniería judicial.
La eficiencia judicial necesaria no será
posible mientras no se modifiquen las macro y
las micro estructuras administrativas actuales,
y mientras no exista una auténtica
carrera judicial, administrada apropiadamente,
temas sobre los cuales he abundado antes.
Octava. Los programas de prevención
social del delito, como el que desarrolla el
Consejo Nacional del Seguridad Pública,
con énfasis en la juventud, deben
profundizarse y generalizarse en todo el
país.
Novena. Las leyes penales deben ser revisadas
de manera integral y técnica, consultando
a jueces, fiscales, acusadores, policías,
defensores públicos y privados,
víctimas, instituciones y programas de
asistencia legal y facultades de Derecho. No se
debe continuar con reformas atomizadas y a la
carrera.
Décima. Sistema penitenciario. Los
retrocesos ocurridos desde la supresión
del Ministerio de Justicia se deben revertir, y
se debe invertir esfuerzo y dinero para que las
cárceles lleguen a ser instrumentos de
readaptación social, no lo que son
ahora.
Hemos perdido y estamos perdiendo tanto
tiempo, que en defensa de la transición
democrática, bien vale parafrasear una
expresión célebre de Camilo
Torres: "La lucha es larga, comencemos ya".
