Tomando
la palabra
La ira del pueblo
Salvador
Samayoa*
El
asesinato de un niño ha desatado la ira
del pueblo. Se palpa en el ambiente la
cólera de la gente. Y no es sólo
furia desbordada. Es también
indignación, náusea, angustia,
temor, clamor, impotencia, frustración y
desesperación. Es reacción
apasionada, con todos los resortes emocionales
disparados. Y qué bien que así
sea, porque a los tibios hasta Dios los
vomita.
Cualquier reacción fría y
racional ante abominables hechos de violencia
sería síntoma de muy mala salud en
el cuerpo social. La gente debe expresar sus
sentimientos sin tapujos y sin pretensiones de
rigor analítico. Esto tiene un valor
catártico y terapéutico. Es como
un exorcismo ante los demonios que más
nos angustian. Pero también es un acto
social de armarse de valor frente a poderes que
se perciben como formidables y maléficos.
En este sentido, el clamor popular tiene un
valor de construcción y ejercicio de
poder social que sólo en raras ocasiones
tiene oportunidad de imponerse al poder
económico y político. Esta puede
ser una de esas raras ocasiones. La gente lo
percibe.
Lo que debemos evitar -en palabras de
Nietzsche- es que la náusea sea tan
grande que nos impida limpiarnos. Que los
pueblos puedan y deban expresar su
reacción emocional o su angustia y
desesperación es una cosa. Que se eleve
la desesperación a política de
Estado es otra cosa muy diferente.
Este es el contexto de la discusión
actual sobre la pena de muerte. Una cosa es que
la gente la exija a gritos, con todo derecho.
Otra cosa diferente sería que los
políticos engañaran a la gente
haciéndole creer que esa es la
solución al problema de la violencia y la
delincuencia. Que la gente proponga soluciones
mágicas en momentos de conmoción
es comprensible y aceptable. Que los conductores
del Estado le vendan soluciones mágicas a
la gente es inaceptable.
Hay argumentos válidos a favor de la
pena de muerte. El más importante es la
sensación de compensación musical
y la sensación de compensación
emocional y la sensación de poder social
de la población frente a los agresores.
Pero también hay aumentos válidos
en contra. El más importante es que en
ninguna parte ha probado ser un factor real de
disuasión.
En esta discusión convendría
tomar como referencia el país que, por
cultura y por desarrollo tecnológico e
informático, tiene las bases de datos y
las estadísticas más confiables
del mundo.
Un estudio realizado a lo largo de 13
años y publicado en 1999 reveló
que en el estado de Texas -el que tiene mayor
número de condenas a muerte y
ejecuciones-, la tasa de homicidios se ha
mantenido inalterada. Otros estudios en estados
como Oklahoma, que han restablecido la pena de
muerte después de una moratoria de 25
años, revelaron un "significativo
incremento" de homicidios después de
reimplantar la pena de muerte. En California,
después de uno de los casos más
sonados y ejemplares de aplicación de la
pena de muerte -el de Robert Hattis en 1992-,
aumentaron los homicidios durante los 8 meses
subsiguiente a la ejecución.
Otro estudio, a escala nacional en Estados
Unidos, comparó por pares 293 condados
ubicados en estados vecinos. Para aislar la
incidencia de otras variables, se escogieron
pares de condados con la misma ubicación
geográfica, el mismo desarrollo
histórico y casi idénticos
índicos demográficos y
económicos. La única diferencia en
cada par era que en un condado estaba vigente la
pena de muerte y en el otro no. El estudio
encontró mayores índices de
homicidios en los condados que tenían la
pena de muerte.
Otro estudio por regiones demostró que
el sur de los Estados Unidos, con el 80% de las
ejecuciones a nivel nacional, repetidamente
salió con el mayor índice de
homicidios de todo el país, mientras que
la región noreste -Nueva Inglaterra-, que
sólo participa del 1% de las condenas a
muerte a nivel nacional, ha mantenido
reiteradamente el índice más bajo
de homicidios de todo el país.
Diez de los doce estados que no tienen pena
de muerte presentan tasas de homicidios por
debajo de la media nacional, mientras que
más de la mitad de los estados que tienen
pena de muerte tiene tasas de homicidios por
encima del promedio nacional. A lo largo de los
últimos 20 años, la tasa de
homicidios en los estados que tienen pena de
muerte ha sido entre 48% y 101% mayor que en los
estados que no tienen pena de muerte.
En 1995, una encuesta pasada a jefes de
policía de todo Estados Unidos
reveló que el 67% no veía la pena
de muerte como un instrumento efectivo para
evitar los crímenes violentos. Más
aún, la encuesta ubicó la pena de
muerte como la más inefectiva entre las
medidas más usuales para reducir los
crímenes violentos.
En otro estudio se consultó a expertos
de la Sociedad Americana de Criminología,
la Academia de Ciencias de Justicia Penal y
otras instituciones de igual peso e indisputado
prestigio en los Estados Unidos. El 80% de estos
expertos opinó que, a la luz de todas las
investigaciones existentes, no se podía
establecer un efecto disuasivo de la pena de
muerte.
La gente no tiene manera ni razón para
opinar con criterio científico sobre
temas tan sensibles, pero las autoridades del
estado están obligadas a informarse antes
de tomar decisiones.
La pena de muerte puede satisfacer
sicológicamente el clamor social de
castigo a los criminales, pero definitivamente
no es efectiva para reducir los homicidios u
otras modalidades de graves delitos. Y
más importante aún que su
inefectividad es el riesgo de implantarla como
solución mágica, en vez de
modificar otros factores de la vida social que
sí tienen una correlación
estadística probada con la incidencia de
hechos delictivos.
Este es el caso del consumo de drogas, la
portación de armas de fuego, el abuso en
el consumo de bebidas alcohólicas, la
impunidad, la ineficiencia del sistema de
justicia penal y otros aspectos que han tenido
en nuestro país un tratamiento marcado
por la blandenguería, las medias tintas,
la irresponsabilidad, la tolerancia con el abuso
del poder político y la connivencia con
mezquinos intereses comerciales.
Ahora parece, por primera vez -Dios tenga en
su gloria a Gerardito-, que el liderazgo
político del país ha escuchado la
ira del pueblo y podría estar dispuesto a
impulsar un conjunto de medidas mucho más
efectivas que la pena de muerte para combatir la
delincuencia.
