- Comentando
- Debe respetarse la
ley
- Luis
Gómez Zárate
En toda sociedad que se considera
democrática, es necesario que exista un
efectivo balance entre derechos y deberes.
El proceso histórico de nuestro El
Salvador se debe concentrar en un esfuerzo
constante para que se reconozcan con plenitud
los derechos que establece nuestra
Constitución de la República,
así como exigir en forma general sin
discriminación el cumplimiento de los
deberes que la norma constitucional y las leyes
contemplan.
El ambiente cultural, social, político
así como también las expectativas
económicas, han creado una
atmósfera en la que poco o casi nada se
le da valor a las responsabilidades de los
ciudadanos. Hemos caído tan
equivocadamente en una situación en la
que se cree que para estar bien, se deben hacer
exigencias y demandas de derechos, pero se
olvidan de los deberes.
Ahora nos encontramos alarmados ante la ola
delincuencial, especialmente por los secuestros,
que hoy día afrontan personas de
diferentes niveles patrimoniales, los que se
realizan con fines muy diferentes, que van desde
la intención desestabilizadora de
país hasta satisfacer aspiraciones
suntuosas de los autores.
La indiferencia o la apatía ciudadana,
ante hechos delictivos que se han considerado de
poca importancia, aunque tienen mucha
trascendencia y no se ha exigido su castigo, han
ido poco a poco motivando el irrespeto a la ley.
El ejemplo clásico es la
sustracción de los terrenos que forman el
"Gran Parque Nacional del Boquerón", que
para realizarlo han violentado numerosas
disposiciones legales que han hecho perder la
credibilidad de la fe pública y la del
Registro de la Propiedad, además de
violar el Derecho de Propiedad, consagrado su
respeto en la Constitución de la
República; el juicio promovido por la
Fiscalía General de la República
para recuperar dichos terrenos lleva 9
años y todavía no hay sentencia y
mucho menos castigo a los culpables. Esto
incentiva a otros a hacer lo mismo y pone en
peligro el derecho de propiedad de las
personas.
Los secuestros son otro ejemplo, los que se
iniciaron en los años 70 y las
autoridades mostraron poco interés en
castigar a los culpables, aunque se
conocía perfectamente qué
organizaciones guerrilleras los habían
realizado. No se puede describir la
agonía que sufren las familias de las
víctimas mientras esperan ansiosamente
noticias de los secuestradores, la
frustración y las dificultades para
reunir cuantiosas sumas de dinero a fin de
cancelar los rescates, los que eran exigidos en
dólares. Este fue el inicio de la
dolarización de nuestra moneda, y a eso
hay que agregar los sádicos
períodos de silencio que llenan de
angustia a sus familiares.
Entre 1979-1980 los totalitarios, aunque no
les agrada que se les recuerden sus acciones o
fechorías, obtuvieron 80 millones de
dólares, producto de los rescates, y
asesinaron a varios empresarios que no
cancelaron sus rescates o que habiéndolos
cancelado, fueron ajusticiados. Recordemos
algunos como: el ingeniero Mauricio Borgonovo
Pohl, don Raúl Molina, el señor
Fujio Matsumoto, don Ernesto Liebes, don Hugo
Wey, embajador Archibald Garner Dunn, don
Nicolás Nasser, don Eduardo Guirola
Shields, don Roberto Poma. Estos asesinatos y
secuestros de los años 79/80 nunca fueron
castigados, más bien sus autores se han
visto premiados, en cargos de legisladores,
asesores etc... Con esto se envió
excelentes señales a los criminales de
hoy día, para realizar los mismos
delitos, al no aplicarse la ley y quebrantar la
seguridad jurídica del país, que
es la certeza del imperio de la ley, en el
sentido que el Estado protegerá el
derecho de las personas tal como la ley lo
declara. Por eso hoy día para resolver el
problema de la criminalidad debe ser la
aplicación de ley en todos los
órdenes y si esta no es adecuada a la
realidad nacional hay que reformarla, esa es una
obligación de la Asamblea Legislativa,
porque, por el momento, el aforismo de "la ley
es dura, pero es la ley", en El Salvador es un
chiste.
* Dr. en
Derecho.
