Fiscal
especial inició labores ayer
Investigarán
los títulos obtenidos en el
exterior
Las dudas sobre la obtención de
títulos en el país, con
relación a varios jueces, han alcanzado a
los profesionales del derecho que se graduaron
en instituciones del extranjero
- María
T. Pérez
- El Diario
de Hoy
Los
títulos de abogados obtenidos en el
extranjero, serán sometidos a
investigación, según dio a conocer
ayer el Lic. Roberto Vidales, fiscal especial
nombrado por el Fiscal General Belisario Artiga
para depurar cuestionados casos de
obtención de títulos de
jueces.
Vidales tomó posesión ayer de
su cargo. Tendrá dos asistentes, quienes
aún no han sido nombrados y, en tres
meses deberá presentar los resultados de
las investigaciones que hará.
En la entrevista de TCS dirigida por Eduardo
Torres, Vidales dijo que dentro del mandato
conferido por el Fiscal General, caben las
posibilidades de someter a investigación
los títulos de abogados obtenidos en el
extranjero.
Reconoció que para desarrollar
investigaciones hasta ese nivel, habría
más dificultades materiales.
"Pero podría hacerse, tal vez cueste
más, lleve tiempo, pero requiere de
voluntad", respondió el nuevo
funcionario.
Tiempo contra trabajo
La responsabilidad del funcionario
será investigar unos 57 casos de jueces,
quienes habrían obtenidos sus
títulos de manera fraudulenta.
La base para investigar es un informe emitido
por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ)
en el cual se señalan las
irregularidades.
Ayer fue un día de recolección
de información &emdash;pruebas&emdash;
sobre los casos en cuestión, así
como la familiarización con su nueva
oficina.
Sobre los hombros del abogado pesa la
responsabilidad de presentar al Fiscal General
un informe detallado de caso por caso
investigado.
Sobre la base de su trabajo investigativo
dependerá el tipo de acciones de la
Fiscalía; es decir, si desestima causas o
abre procesos penales en contra de los
juzgadores.
En sus investigaciones habrá tiempo
para escuchar la posición de todos.
Incluso buscará a quienes fueron
propietarios o accionistas de dos universidades
cuestionadas por emitir títulos
irregulares al igual que equivalencias.
Las instituciones fueron clausuradas por el
Ministerio de Educación, en 1998, por no
cumplir los requisitos para impartir la carrera
de Derecho y, además, funcionaban en
instalaciones no adecuadas como galeras y
edificaciones no aptas para impartir
educación superior.
También solicitará a la Corte
Suprema de Justicia, el informe sobre el
número de abogados en ejercicio
existentes en país.
"La CSJ tiene un departamento de
investigación profesional que
debería estar investigando con nosotros",
dijo Vidales.
Sin embargo, según él, existe
un sentimiento generalizado en el gremio
jurídico que dicho departamento necesita
ser fortalecido.
