Resurge
iniciativa de
LEY MORDAZA
Los diputados están por establecer
una disposición reglamentaria que impide
hacer pública cierta información
relacionada con el quehacer legislativo. La
medida afectaría, de manera directa, el
derecho a la información que consagra la
Constitución en su Artículo
6
El Diario de
Hoy
Un
nuevo intento por limitar el acceso a la
información se está fraguando en
la Asamblea Legislativa.
Una subcomisión especial estudia el
anteproyecto para reformar el 95 por ciento del
reglamento interno del Congreso.
Según la propuesta, se exigiría
a los legisladores "guardar la discreción
debida con respeto a todos los hechos e
informaciones de los cuales tenga conocimiento
en el ejercicio de sus funciones".
Es decir, jurídicamente el diputado no
podrá divulgar datos relacionados con el
quehacer legislativo, a pesar de que todo lo que
ocurre y se acuerda en el Primer Órgano
del Estado es de carácter
público.
Esto contradice al Artículo 125, de la
Constitución, el cual establece que
ningún diputado está ligado a un
mandato imperativo. Aún más,
reconoce el derecho que tiene a emitir
opinión y a no ser responsable de
ésta en el ejercicio de sus
funciones.
La "discreción" que se
implementaría en el Congreso es la
antesala a la aplicación de una "Ley
Mordaza". Por obediencia o por miedo, los
diputados clasificarían la
información antes de hacerla
pública.
No sería la primera vez que medidas de
este tipo se ponen en práctica en la
Asamblea. El 12 de julio de 2000, la Junta
Directiva prohibió dar información
administrativa sin previa autorización.
Ante la evidente violación al
Artículo 6, de la Carta Magna, se
derogó el acuerdo.
Reservas
"Aquí debe darse a conocer lo que se
debe dar a conocer", sostiene el diputado de PDC
y secretario del Congreso, Arístides
Alvarenga.
Con este juego de palabras, el pedecista
intenta explicar que el objetivo de la enmienda
es obligar al diputado a cuidar lo que dice y
cómo lo expresa.
A su juicio, existen quienes "abren la boca"
sin tener mayor conocimiento del tema. Aunque
reconoce, sin menor remordimiento, que un
político nunca da a conocer el ciento por
ciento de lo que sabe, "siempre reserva algo
para el futuro".
Esa reserva es avalada por Rodrigo
Ávila, subjefe de ARENA, quien
está a favor de definir algunas
reglas.
Una de ellas sería delimitar hasta
dónde un periodista tiene derecho a
conocer lo que pasa en el Congreso. Para este
arenero, hay temas que se discuten y que se dan
a conocer antes de existir un acuerdo.
Como ejemplo puso la franquicia para comprar
vehículos.
El interés de algunos diputados era de
"auto recetarse" ese privilegio. Publicaciones
de El Diario de Hoy obligaron a los diputados a
echar marcha atrás.
"No se puede permitir que un periodistas
interprete antojadizamente algo que no es una
realidad concreta", manifiesta Ávila.
Aún así, Ávila insiste
en la transparencia. Prefiere dejar que la
ética parlamentaria sea la que impere
sobre una prohibición reglamentaria.
Esta posición difiere con la expuesta
el jueves anterior por Walter Araujo,
vicepresidente de la Asamblea y presidente de
ARENA.
Araujo está a favor de emitir una ley
que impida que incidentes como el de Francisco
Merino, jefe de bancada del PCN, se repitan.
Merino fue señalado, públicamente,
por haber amenazado a una jueza. Días
después, la funcionaria desmintió
la versión.
El Diario de Hoy intentó conversar con
Araujo, pero no se encontraba en su oficina y
tampoco atendió las llamadas a su
celular.
Suplentes
con menos poderes
La Junta
Directiva acordó el jueves delimitar las
atribuciones legislativas de los 84 diputados
suplentes
