- Defendiendo
una posición
- La impunidad de la
palabra
- Francisco
Díaz Rodríguez*
Podría
pensarse que existiendo tantas formas graves de
impunidad en nuestro país, la impunidad
de la palabra es poca cosa. Ello es un error. La
palabra puede delinquir: de ahí la
injuria y la calumnia. Puede encubrir, ser
cómplice o instigar delitos; puede
esclarecer, enturbiar u ocultar la verdad; puede
retratar fielmente la realidad o distorsionarla,
y hasta puede convertir en verdad una mentira o
viceversa. Por todo esto la impunidad de la
palabra es grave, más en esta "era de las
comunicaciones".
La importancia o peso de la palabra, y con
ella la posibilidad de que sus consecuencias
dañinas queden impunes, es mayor cuanto
mayor sea la autoridad, la responsabilidad
pública o la notoriedad social de quien
la emite.
Más todavía. En el Estado de
Derecho nada hay más importante, ni de
mayor autoridad, que la palabra de quienes por
mandato constitucional tienen la última
palabra sobre todas las demás
instancias.
Tal es el caso de la Corte Suprema de
Justicia, de sus Salas y de sus Magistrados en
la mayor parte de sus resoluciones y sentencias.
Por ello, Corte, Salas y Magistrados deben
utilizar la palabra, especialmente la palabra
pública, con la mayor responsabilidad,
acierto, tino, veracidad y transparencia.
En su comunicado de seis párrafos del
14 de los corrientes, la Corte Suprema de
Justicia hace cuatro afirmaciones que no
corresponden a la realidad.
No hay espacio aquí para analizarlas
todas. Alguna es evidente, como la de que la
Corte "ejerce una constante supervisión
de la disciplina y honorabilidad de los
jueces".
Otra, la de que "ha sido propósito
permanente de este Tribunal (la CSJ) sostener
las mejores relaciones y el mayor acercamiento
con el Consejo Nacional de la Judicatura",
contradice lo cierto: ha sido el Consejo el que,
pacientemente, ha intentado, desde septiembre de
1999, analizar con la Corte los procesos de
selección, propuesta y nombramiento de
jueces y magistrados, y de evaluación,
ascenso o sanción de ellos, y no ha sido
posible: seis sesiones en año y medio.
Los señores magistrados están
demasiado ocupados en asuntos administrativos de
menor importancia y cancelan reuniones, cambian
agenda, generalizan, incorporan asesores,
proponen crear sub-comisiones y realizar
"estudios integrales del marco normativo de
ambas instituciones...", etc.
Por otra parte, si por "ejercicio más
armonioso de nuestras respectivas funciones" se
entiende una relación desigual o sumisa,
o una forma de trabajo oculta o dilatoria,
entonces los señores magistrados se
equivocan.
El comunicado de la Corte retoma el tema de
las evaluaciones insertando a la fuerza un
párrafo ajeno en donde el Consejo explica
que "ha procedido a revisar las evaluaciones y,
de buena fe y con el mejor propósito, ha
rectificado en aquellos casos en que los
funcionarios judiciales habían sido
perjudicados".
Pero señores, ¿acaso no toda la
administración de justicia se estructura
en torno a un sistema de revisiones y
apelaciones cuyo propósito es,
precisamente, rectificar posibles errores?
¿A qué viene entonces tanto
aspaviento? Ni aún quienes tienen la
responsabilidad de decir la última
palabra están exentos de error y con
frecuencia yerran. Lo grave es que por regla
general no es posible rectificar sus yerros, y
que esa enorme responsabilidad de tener la
última palabra se utiliza para hablar con
tono ex cátedra, como ya ni S.S. el Papa
acostumbra.
Por lo demás, desde julio 2000 hasta
la fecha, el Pleno del Consejo ha enviado a la
Corte Suprema de Justicia 221 expedientes de
evaluación judicial con recomendaciones
de sanción disciplinaria. Ha rectificado
apenas 9. ¿Qué pasó con los
212 restantes? No saberlo sí es motivo de
alarma.
La Honorable Corte Suprema de Justicia
está en la obligación de resolver
sobre cada uno de esos expedientes, aunque sea
tan sólo para decir que los mortales del
Consejo se equivocan siempre. Y cada
resolución debe ser fundamentada. No
basta con decir, por ejemplo, "se
estableció que dichos funcionarios
cumplen con los requisitos constitucionales y
legales". Ya pasó el tiempo del "viniendo
en forma". ¿O no es esto una de las bases
fundamentales del debido proceso?
No nos llamemos a engaño. Las
actuaciones y las declaraciones recientes de
algunos magistrados, y el comunicado del 14 que
sin disimulo los sustenta, tienen el
propósito de deslegitimar toda la tarea
de evaluación del Consejo que no aceptan
porque indirectamente los evalúa a
ellos.
No, señores, no pueden seguir jugando
a tapar el sol con el dedo. Es tiempo de tratar
estos asuntos en serio.
