Viernes 16 de marzo de 2001


Magistrados evalúan rechazar salario extra

Un magistrado de los diez que integran la dirección del Tribunal Supremo Electoral propuso que los 285 mil colones para gastos de representación sean reorientados

Roxana Huezo
El Diario de Hoy

Después de una lluvia de críticas, los magistrados electorales estudian la posibilidad de renunciar a los gastos de representación que fueron incluidos en el presupuesto de este año.

Julio Hernández no tomará el dinero. Dice que cometió un pecado al no hacerlo antes. Confía en que sus nueve compañeros lo imiten.

Para eso ya planteó una propuesta: reorientar la partida de los gastos por representación para otras necesidades de la institución. Todavía no sabe a qué rubros se podrían destinar los ¢285 mil colones de la cláusula.

"Está en juego nuestra credibilidad. Pese a que es legal, éticamente no es correcto", acotó.

Agregó que aunque los demás no accedan a no recibir el dinero adicional, él no retirará el cheque que mes a mes se le asignará.

Al parecer se quedará solo, porque no todos piensan igual que él. Sergio Mena Méndez, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ni siquiera quiere hablar del tema.

De manera escurridiza, se limitó a manifestar que ese es un asunto que van a tratar directamente con los diputados. Los legisladores aprobaron esa concesión, contenida en el Presupuesto de la Nación para el año 2001.

Problema de conciencia

La Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea citó, para el martes, a los magistrados del TSE para ahondar en el programa de la cartografía del país y evaluar las posibilidades de que el Estado subsidie la emisión del Documento Único de Identidad (DUI).

Mena Méndez piensa hacer un espacio para discutir la iniciativa. "No tenemos ninguna propuesta. Eso lo vamos a ver en la Asamblea", espetó.

Juan José Martel, otro de los funcionarios electorales, señala que sobre la reorientación de los gastos de representación no hay nada seguro. "Lo mejor sería verlo en función de país", argumenta.

Se refiere a que todos los altos funcionarios públicos deberían negarse a aceptar más dinero del que les corresponde por desempeñar su cargo. Pero eso queda a la iniciativa de cada burócrata.

Por ahora se siente tranquilo, porque hasta el momento no se ha echado ni un cinco a la bolsa.

Lo que les correspondía recibir en febrero fue repartido entre los 61 empleados del TSE que resultaron afectados por los dos terremotos.

El monto correspondiente para marzo todavía no ha cambiado de destino: la cuenta bancaria de los magistrados.

¿Qué pueden hacer?

El Congreso es quien autoriza los cambios que se requieran en el presupuesto de cualquier institución estatal.

Sólo tras la solicitud directa de la institución, en este caso el TSE, los parlamentarios pueden hacer modificaciones en las partidas presupuestarias.

Nadie conoce la verdadera disposición que los magistrados tienen de negarse a recibir dinero extra.

Piensan que, en la medida que desaparezca la noticia de los medios informativos, quedará en el olvido.


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