Asamblea
Legislativa reclama al Ejecutivo
Conflicto por control
arancelario
El congreso argumenta que preceptos
constitucionales le dan la potestad para normar
las tasas y aranceles, pero el Ejecutivo
confirió ese derecho a un organismo
supranacional centroamericano, el
Comieco
- Elder
Gómez
- El Diario
de Hoy
Los órganos Legislativo y Ejecutivo
han iniciado una batalla por controlar la
regulación de las tasas y aranceles, en
medio de un escándalo de conflicto de
interés en el que ha sido involucrado el
ministro de Economía, Miguel Lacayo, una
de cuyas empresas estaría siendo
beneficiada por una selectiva reducción
de impuestos por importación.
La Asamblea Legislativa ha reclamado al
Organo Ejecutivo el derecho de normar las tasas
y aranceles, función que ha asumido el
Consejo de Ministros de Integración
Económica (Comieco), un organismo creado
por los presidentes de la región en 1997
para fijar aranceles y aplicar normas de
salvaguardia.
El Comieco está integrado por los
ministros de Economía de
Centroamérica.
El Congreso ha basado su reclamo al Ejecutivo
en preceptos constitucionales que autorizan al
Primer Organo del Estado a regular las tasas y
aranceles.
Aunque Lacayo, quien asistió la
víspera a una acalorada reunión
con diputados de la Comisión de
Economía y Agricultura, insistió
en que la decisión para regular las tasas
y aranceles en el país fue delegada por
los presidentes de la región al Comieco,
un órgano supranacional cuyos acuerdos
son respaldados por interpretaciones
jurídicas de la Corte Centroamericana de
Justicia (CCJ).
"Sería impráctico que cinco
Asambleas Legislativas se pongan de acuerdo para
aplicar un arancel", advirtió Lacayo al
refutar las intenciones del Congreso de normar
las tasas y aranceles a las importaciones.
Libre albedrío
No obstante, la diputada del FMLN, Ileana
Rogel, reiteró que la Asamblea "debe
retomar el rol, papel y responsabilidad de mover
las tasas e impuestos, porque el Ministerio de
Economía está abusando y haciendo
uso discrecional de los aranceles".
"Se ha estado haciendo uso indebido de eso
(de la selectividad en aplicar tasas y
aranceles)", subrayó la
parlamentaria.
Noé González, legislador por el
PCN, no descartó que el Ejecutivo haya
"usurpado" las funciones de normar las tasas y
aranceles a las importaciones que le
competerían a la Asamblea, y tampoco el
hecho de que congresos anteriores, controlados
por la oficialista ARENA, hayan conferido ese
derecho al Poder Ejecutivo.
González dijo que habría la
posibilidad de llevar el caso a la Corte Suprema
de Justicia (CSJ) de El Salvador, para que
determine la legalidad de las acciones tomadas
por el Ejecutivo, por medio del Ministerio de
Economía.
No obstante, Lacayo insistió en que
"en términos prácticos y legales
(la regulación de los aranceles y tasas)
le compete al Ejecutivo... es el único
viable".
Los diputados de oposición
también cuestionaron la legalidad de la
representación del Estado
salvadoreño que haría Lacayo en el
Comieco, lo que habría aprovechado el
funcionario para reducir los aranceles a
productos de una empresa de su propiedad,
Baterías de El Salvador.
Según González, el Comieco, que
emite resoluciones por consenso, renovó
en enero pasado una salvaguardia a la empresa de
Lacayo, que le permite a ésta importar
productos con un arancel 0.
"¿Dónde se establece (de manera
legal) que el Ministro de Economía
representa al Estado de El Salvador?",
preguntó Rogel.
El viceministro de Economía, Eduardo
Ayala Grimaldi, quien acompañó a
Lacayo en su cita con los diputados de la
Comisión de Economía y
Agricultura, reconoció que "no hay
disposición legal que diga que el
Ministro de Economía sea representante
del Estado".
Sin embargo, explicó que por una
resolución de los presidentes
centroamericanos, los ministros de
Economía de la región representan
a sus respectivos Estados en el Comieco.
González exigió a Lacayo
presentar un "sustento técnico" que
demuestre que en la renovación de la
salvaguardia por el Comieco, supuestamente a
favor de la empresa del funcionario, no hubo
conflicto de interés.
Candente, el debate por Lacayo
El ministro de Economía fue denfendido
a capa y espada por un diputado de ARENA
Edilberto Iraheta, legislador por el partido
ARENA, no vaciló ayer en acusar a sus
colegas de aplicar la tristemente célebre
"Santa Inquisición", cuando éstos
bombardearon con una serie de preguntas sobre un
presunto conflicto de interés al ministro
de Economía, Miguel Lacayo.
"Aquí no estamos en una Santa
Inquisición", refutó la diputada
del FMLN, Ileana Rogel, por quien inició
la confrontación verbal que tuvo como
telón de fondo a Lacayo.
Rogel distribuyó entre sus
compañeros, y el Ministro, un
cuestionario sobre un conflicto de
interés surgido por un supuesto beneficio
arancelario a una empresa de baterías
para autos de Lacayo.
Iraheta, el único que defendió
al funcionario, aseguró que con las
preguntas hechas por Rogel y otros diputados
opositores a Lacayo, "se pone incómoda a
la persona".
"Lo que se busca son a los funcionarios, no a
las personas", insistió Iraheta.
"Lamento la posición del diputado,
pero (con el cuestionario) se trata de tocar
fondo", replicó la parlamentaria.
Un organismo regional habría renovado
en enero pasado una salvaguardia para
supuestamente favorecer a la empresa de Lacayo a
no pagar aranceles.
La diputada criticó la actitud de
Iraheta, la que calificó de "algo
así como no me ayude compadre, porque
aqui están ellos para defenderse".
"Se trata de modificaciones arancelarias",
indicó Rogel, quien recordó que su
partido político presentó meses
atrás un recurso ante la Corte Suprema de
Justicia sobre el caso.
Lacayo permaneció callado, cabizbajo,
mientras los dos legisladores defendían
sus posiciones.
Al final, el presidente de la comisión
de Economía, a la que acudió
Lacayo, Carlos Borja, instó a continuar
con la reunión.
