No alcanzan a
reconocer cuerpos
La premura de mucha gente por sepultar a
sus muertos no ha permitido que las autoridades
forenses registren con exactitud el
número de víctimas mortales por el
terremoto del pasado 13 de febrero
- María
T. Pérez/Alberto
López
- El Diario
de Hoy
La
Fiscalía paracentral de San Vicente y el
Instituto de Medicina Legal de San Miguel y de
San Salvador quizá nunca tendrán
un dato exacto sobre el número de muertos
en las zonas afectadas por el más
reciente terremoto. Hasta ayer en ese
departamento sólo se había
registrado 57 víctimas.
El motivo: mucha gente, desesperada por
rescatar de manera rápida el
cadáver de su ser querido, no espera la
llegada de las autoridades para que ejecuten los
reconocimientos legales de los
cadáveres.
De acuerdo con fuentes fiscales, hasta el
momento, en San Vicente, una de las zonas
más golpeadas por el sismo del pasado 13
de febrero, se practicaron 57 reconocimientos
forenses.
De estos, 25 fueron niños y el resto,
población adulta, entre hombres y
mujeres.
El informe indica que en Cojutepeque,
Cuscatlán, se reconocieron unos 60
cadáveres, sólo el día de
la tragedia.
En tanto, en la ciudad de Zacatecoluca, La
Paz, fueron reconocidos 30 cadáveres, de
acuerdo con el informe de Medicina Legal.
Tres comisiones de magistrados de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) partirán hoy
hacia el área de desastre dejada por el
violento terremoto del martes, para constatar
los daños en los tribunales de ciudades y
municipios.
Hasta ayer por la tarde, la Corte no
había terminado de contabilizar el
número de tribunales dañados en
San Vicente, La Paz y Cuscatlán.
Un grupo de magistrados, en
compañía de ingenieros,
visitó el miércoles la sede de los
tribunales en esta capital. El dictamen
confirmó que no hay daños de
consideración en los edificios.
Sólo se harán reparaciones
leves.
Además...
La preocupación de los magistrados es
también sobre los plazos de tiempo que la
ley exige para emitir los fallos en los procesos
judiciales.
Las altas autoridades judiciales se reunieron
ayer en corte plena (reunión de los 15
magistrados del máximo tribunal), para
preparar una solicitud a la Asamblea sobre la
prórroga de los plazos procesales, la
cual sería temporal, mientras dure la
crisis en las zonas afectadas.
