La institucionalidad
en harapos
Si algo muestra la fragilidad de la
institucionalidad salvadoreña es el caso
de los casinos.
Lafitte
Fernández
Es tal la debilidad, el irrespeto, la
desidia, el involucramiento de políticos
y no sé si el dinero que nace como
ríos en esos lugares, que lo que ocurre
en los casinos debe introducirse en la
antología sobre cómo no deben
funcionar las instituciones en una democracia y
en un régimen de derecho.
Usted puede estar de acuerdo o no con el
cierre de los lugares. Pero no se trata de eso.
Tampoco es resultado de una rabieta de El Diario
de Hoy, o de periodistas empecinados en
clausurar esos sitios. Los casinos se han
convertido en un espejo de los hechos y
actuaciones que siempre entorpecen las
democracias. Recordemos lo que sucedió:
a dos casinos de San Salvador se les
venció el permiso extendido por la comuna
capitalina. La Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia
falla y confirma que esas autorizaciones
están vencidas. Ordenan que se cierren
los establecimientos porque operan fuera de ley
(además de que sus dueños ni
siquiera pagan impuestos, precisamente, por
saber que funcionan ilegalmente). Esto
sucedió hace más de 40 días
y nadie, absolutamente nadie, movió un
dedo para clausurar los casinos que operan en
San Salvador.
La Alcaldía dice que no le corresponde
cerrarlos. Asegura que esa tarea debe
ejecutarla la Fiscalía General de la
República. En esta última
institución se menciona, con toda
razón, que la comuna puede actuar por
sí sola. Y pasó más de un
mes sin que nadie tomara la decisión que
ayer reclamó la Corte Suprema de
Justicia. Creo que hasta sobró quienes
propusieran que era necesario realizar un foro
para analizar los efectos jurídicos del
cierre de casinos, a pesar de que las leyes y
las facultades de la institucionalidad
salvadoreña son clarísimas. Lo
irónico es que pasó un mes
después de que se ordenara el cierre y,
de pronto, como por arte de magia, la
Fiscalía anunció: "ya no hay que
actuar...los casinos están cerrados".
Ahora sabemos que ahí no murió
el asunto. El Diario de Hoy descubrió
ayer que los dos casinos de San Salvador que
operan fuera de ley abrieron de nuevo. Lo
lamentable de todo esto es que se vuelven a
escuchar voces que dicen: "tenemos que analizar
cómo debemos actuar en esos casos". Es
decir, surge de nuevo el efecto paralizante de
la institucionalidad a pesar de que, hasta un
estudiante de primer año de la Facultad
de Derecho les puede dibujar el camino. Los
síndicos de la comuna lo saben. Los
magistrados de la Corte Suprema se los han
dicho. La Alcaldía puede cerrar los
casinos directamente. También la
Fiscalía.
Olvidémonos de esos rollos dignos de,
no se si timoratos jurídicos, o de manos
manchadas con dinero sucio. Si los permisos los
extiende la Alcaldía y están
vencidos, es la comuna la persona
jurídica legitimada para actuar, o al
menos pedir que se cierren. Es a quien
corresponde el impulso de oficio para que la
orden de la Sala de lo Contencioso se cumpla.
¿Qué hace una alcaldía cuando
un establecimiento opera fuera de ley o sin el
permiso que necesita en su jurisdicción?
Por supuesto que procurar, a toda costa, que se
cumplan sus disposiciones. Y, coincido con el
magistrado Mario Solano, que la Alcaldía
puede, si posee los elementos físicos
necesarios, cerrar, sin colaboración de
la Fiscalía, esos lugares.
(¿Quién cierra un burdel cuando
está en margen de la ley?).
Usted podría responderme que, en este
caso, para ser consecuente con una postura de El
Diario de Hoy, la Alcaldía está
inutilizada porque el CAM es una
organización ilegal. Yo le
respondo:¿Por qué la Alcaldía
no le pide a la PNC unos cuantos policías
y se encarga de cerrar los casinos?
Perdóneme que insista :¿Entonces,
quién cierra un burdel cuando está
fuera de la ley?. Todos sabemos que la
Fiscalía también puede realizar
esa tarea. Que lo haga quien sea, pero que lo
haga alguien. Tal vez así, de una vez
por todas, un hondureño vinculado al
narcotráfico internacional o un
alemán con amigos entre los peores
mafiosos de Alemania, dejarán de burlarse
de este país. Y, cuidado, con esto
último: quizá ahora nos
encontremos con la sorpresa de que el cierre de
unos pocos días sólo fue un ardid
para que sociedades propietarias de los casinos
vendieran a otras controladas por ellos mismos.
Es decir, que "Rateros, S.A de C.V" vendan a
"Hampones, S.A. de C.V". Entonces, cuando se
llegue a cerrar, si es que algún
día lo hace alguien, salte un
matón en una puerta y diga: "mire, esto
ya no es de rateros sino que mis patrones son
los hampones. Vea usted los papeles. Así
es que, ustedes se equivocan y no pueden cerrar
estos sitios porque se trata de otra sociedad a
la que deben notificarle este acto". Y entonces
surgirán los simposios y foros para
tratar de determinar qué se hace.
Pero, por favor, dejémonos de
leguleyadas porque los propietarios de los
casinos están rodeados de abogados
expertos en eso. La respuesta es muy sencilla:
si eso ocurre, la diferencia será que, si
la antigua sociedad propietaria tenía sus
permisos vencidos, los nuevos estarán en
mayor debilidad jurídica... simplemente
no tienen ningún permiso. Por supuesto
que vendrán los alegatos del debido
proceso administrativo y toda la retahíla
de tecnicismos. ¡Alguien debe restituirle
algo de dignidad a la institucionalidad del
país!
Algunos diputados decentes, posiblemente
influenciados por la calidad del irrespeto de
los dueños de casinos, propusieron ayer,
en la Asamblea Legislativa, cerrar todos los
casinos del país mediante un decreto
legislativo. Quizá eso también
servirá para evitar que una alcaldesa se
convierta en la mujer invisible cada vez que los
periodistas la buscan para preguntarle por
qué entregó permisos hasta la
eternidad a otro par de casinos que funcionan en
su jurisdicción. Porque si algo
también deben impedir los verdaderos
demócratas es que los funcionarios
públicos se acostumbren a no explicarle a
nadie sus actos. Es bueno recordarles, hasta con
una ley, que no administran haciendas privadas.
Que los votos que reciben para colocarlos en sus
puestos también deben recibir, a cambio,
una buena dosis de dignidad y respeto.
