El
Salvador en perspectiva
Los pobres
argentinos
Mario
Rosenthal
Email: mrelsalv@ctyt.net
Hemos
estado leyendo en todos los medios que la
Argentina ha declarado una moratoria para
cumplir con sus obligaciones de 132 billones de
dólares en capital e intereses vencidos
que no puede pagar. Esta es la máxima
cantidad de mora desde la fundación de
sus principales acreedores, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Internacional
para la Reconstrucción y Desarrollo
(Banco Mundial) creados en la Conferencia de
Bretton Woods (N. H.) bajo los auspicios de las
Naciones Unidas, en julio de 1944. El FMI se
fundó para ayudar al desarrollo
económico, multiplicando los puestos de
trabajo y elevando el nivel de vida de miembros
más necesitados.
Según el New York Times, la moratoria
de la Argentina de pagar sus deudas marca el
final de un experimento financiero que le
saldrá bastante caro, pero que
también es un duro golpe para la
credibilidad y prestigio tanto de los Estados
Unidos como del FMI, porque ambos presionaron a
la Argentina a imponer las medidas de austeridad
que precipitaron las reacciones violentas,
incluyendo el saqueo de almacenes.
Entre las medidas que más enfurecieron
a los argentinos estaba limitar la cantidad que
se podría retirar de cuentas bancarias,
fijada en $250 semanales, y que no se pudiera
sacar más de ¢1,000 del país,
y si se intentaba, el dinero sería
confiscado. Su situación de liquidez ha
sido tan seria que ha obligado a los fondos de
pensiones a invertir en bonos del gobierno. Otra
medida de desesperación ha sido pagar
salarios y algunas cuentas en bonos que tienen
poca aceptación. Los analistas consideran
que las emisiones de bonos negociables por los
portadores es una medida que equivale emitir una
nueva moneda en un intento desesperado para
reactivar la economía y lo interpretan
como un paso hacia la devaluación porque
sería una señal de que la paridad
de uno a uno con el dólar está
cerca de su fin. Unos analistas que prefieren
mantenerse en el anonimato han declarado que lo
que persigue el presidente interino Adolfo
Rodríguez Saá con la
emisión de una nueva moneda es lograr una
devaluación disimulada. Pero los
acreedores extranjeros han advertido claramente
que no aceptarían una conversión
de los bonos denominados en dólares en
cualquier otra moneda. Hasta este momento nadie
sabe cuál será la suerte de los
acreedores. Los tenedores de bonos no saben si
tienen el derecho de exigir que Argentina pague
todo el capital y los intereses futuros de su
deuda en dólares. Un grupo de acreedores
que ha estado en constante consulta con sus
abogados dijo que está en espera de
alguna indicación del camino que
tomará el nuevo gobierno con
relación a su deuda extranjera.
Los consultores legales han declarado que
están estudiando la manera de garantizar
que a los acreedores extranjeros que no se les
ofrece una solución menos atractiva que
se la ofrecen a los inversionistas argentinos.
Este grupo ha declarado que el Fondo Monetario
Internacional y otros acreedores institucionales
deben conceder a la Argentina un descuento en
los créditos que le han otorgado. La
dificultad es que por lo menos el 50% de los
acreedores del gobierno argentino es argentino y
ningún gobierno que ofreciera condiciones
menos favorables a sus conciudadanos que a los
extranjeros, podría sostenerse.
En fin, mucho se ha publicado acerca de la
deuda pública impagable de ¢132
billones de la Argentina pero ninguno
ofrecía una explicación hasta que
nos llegó un artículo que
apareció en La Prensa de Panamá,
el 26 de diciembre, titulado "Corrupción
hundió a Argentina". El autor, Franco
Rojas, lanza acusaciones muy serias contra los
gobiernos pasados de la Argentina relacionadas
con el uso de los préstamos que fueron
concedidos por las instituciones financieras
internacionales. De ser ciertas, no dudamos que
serán reportados en los medios
internacionales.
