San
Miguel
Fiscalía pide colaboración a
gobiernos locales
Mentiras en partidas de
defunción
La familia de un fallecido está
obligada a informar a las autoridades sobre el
deceso, para que estas constaten las verdaderas
causas de la muerte
- Evelyn
Granados
- El Diario
de Hoy
Falso testimonio o fraude procesal. Por
cualquiera de esos dos delitos podrían
ser procesadas las personas que dejan de
informar a las autoridades sobre muertes
violentas o sospechosas.
Es un deber de todo ciudadano avisar a las
instituciones de seguridad pública sobre
los decesos ocurridos. De esa forma, se
contrarresta la impunidad.
Sin embargo, muchas familias recurren a
testimonios de testigos para llenar el requisito
impuesto por las alcaldías. Sólo
de esa forma, obtienen la partida de
defunción para enterrar a sus
finados.
"Vienen y traen los documentos personales del
muerto. Si fallece en centro asistencial
entregan la constancia médica. Si muere
en su casa de habitación, sólo
necesitan traer los testigos...", explicó
Edgar Ulises Argueta Penado, jefe del
departamento de Registro de la Alcaldía
de San Miguel.
En un mes, la comuna migueleña
extiende alrededor de 90 partidas de
defunción.
Para la Fiscalía en esa ciudad, las
partidas de defunción fundamentadas en
declaraciones de testigos son ilegales. Sobre
todo, si las muertes ocurrieron en hechos
violentos o sospechosos. No hay una verdadera
constancia de los hechos.
La ley lo manda
Incluso, los fallecimientos por enfermedad
podrían ser la fachada de un
asesinato.
El informe forense es un requisito de ley. De
lo contrario, la duda sobre las muertes
aparece. Así, lo dio a entender el fiscal
Jimmy Roberts Castillo, jefe de la Unidad de
Vida, de la subregional de la Fiscalía de
San Miguel.
Para el abogado, las alcaldías caen en
una ilegalidad al entregar las partidas de
defunción. El hecho se agrava si las
muertes son producto de circunstancias violentas
o irregulares.
Después, las familias y los gobiernos
locales exigen justicia a las diferentes
entidades que conforman el sector judicial.
Tales apreciaciones surgen, después
que la familia de una menor obstaculizó
la labor de fiscales y forenses, la noche del 18
de diciembre.
La infante murió de una herida de bala
en la cabeza en el cantón San
José de Quelepa, San Miguel.
Este caso no ha sido el único que han
enfrentado las autoridades en el oriente del
país. El 8 de diciembre, en Ciudad
Barrios, los parientes de Rigoberto Nicasio
Fuentes Romero, se opusieron al traslado del
cadáver hacia Medicina Legal.
