La
Nota del
Día
Legalizando
sinvergüenzadas
Las universidades-garaje, por muy legales que
hayan sido, eran un engaño para la
sociedad, para los padres de los estudiantes y
para estos.
No hemos encontrado a nadie a quien no
repugne la idea de legalizar, por decreto
legislativo, los títulos falsos o
irregulares emitidos por centros universitarios,
que precisamente por tales prácticas
fueron clausurados. La sinvergüenzada se
comete aunque quien la tolere o fomente tenga
sus credenciales en orden; lo que debe
examinarse caso por caso, se quiere borrar de un
golpe.
En ningún momento, como pretenden los
considerandos de un proyecto de ley presentado a
la Legislatura, se ha impugnado la legalidad de
las universidades-garaje que operaban con base
en las leyes entonces vigentes. Pero los
títulos en cuestión fueron
otorgados pasando sobre las normas mismas de
dichos centros; de acuerdo con las
investigaciones efectuadas por el Fiscal
Especial que tomó el caso en sus manos,
los requisitos establecidos por esos centros no
se cumplían.
Las universidades-garaje, por muy legales que
hayan sido, eran un engaño para la
sociedad, para los padres de los estudiantes y
para estos. Su instrucción era muy
deficiente, la disciplina casi nula, la
infraestructura paupérrima, los docentes
mal preparados. Lo más grave es que
pagando ciertas sumas era posible aprobar
cursos, aunque no se asistiera a los mismos, y
así acumular los créditos
necesarios para graduarse.
Y aquí hay que señalar la
diferencia entre el "licenciado" que se
gradúa de una mala o pésima
universidad, pero cumpliendo con las exigencias
del centro, y el que se vale de subterfugios,
sinvergüenzadas y falsificaciones para
conseguir título. Se dio el caso de una
de esas universidades-garaje (y decimos
así porque cabían en un espacio de
garaje) que después de ser clausurada
continuó emitiendo "títulos". Las
autoridades luego encontraron tales evidencias
en los archivos que un concejal capitalino se
llevó a su casa.
El precedente de inmoralidad
es terrible
El proyecto de decreto pretende que todos los
títulos impugnados se obtuvieron en
iguales circunstancias, y por tanto se pueden
legalizar en un solo acto legislativo. Sin
embargo cada caso es una sinvergüenzada
única, aunque casi la mitad de los
denunciados se dieron en una universidad garaje
que tenía "venta de cartones". Hubo
estudiantes que al pasar de una universidad a
otra, obtuvieron el doble de créditos por
los ya logrados; otros que pagaban materias y no
las cursaban; unos terceros que, en seis meses,
comprimieron dos años de estudio. Uno de
estos centros "universitarios" cambió los
programas que tenía aprobados pero sin
notificarlo al Ministerio de educación y,
valiéndose de la artimaña,
procedió a licenciar alumnos. El
responsable de tal centro es ahora uno de los
promotores del decreto de amnistía
presentado.
Pero encima de las ilegalidades y de lo
claramente inconstitucional de la medida (un
Poder del Estado pasa por encima de las
potestades de otro Poder), está la
cuestión moral y la clase de precedente y
ejemplo que se deja al país. Lo primero,
que unos diputados pretenden echar tierra
legislativa sobre las sinvergüenzadas
cometidas por gente diversa. Como se dijo,
equivale a que más tarde, grupos de
"mareros" y asaltantes exijan que por decreto se
les exonere de cargos, aunque cada delito sea
único en sus características. Lo
segundo, que la Asamblea quedará sujeta a
las presiones de otros sinvergüenzas, como
digamos los corruptos que cesan como
funcionarios. De hecho la Constitución lo
hace al establecer diez años como plazo
para encausar corruptos.
