Amparo lentitud y
burocracia
El camino de Arnulfo Cano Díaz para
lograr una indemnización de parte del
Estado es aún bastante largo, tedioso y
accidentado
- Alberto
López
- El Diario
de Hoy
El trámite de las demandas de amparo
ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es lento
y burocrático, debido a que la ley que
rige dicho procedimiento es antigua y llena de
trámites engorrosos.
Así lo reconoció el magistrado
de la Sala de lo Constitucional, Mario Solano,
quien adelantó a El Diario de Hoy que el
máximo tribunal está por finalizar
la elaboración de una nueva ley de
procedimientos constitucionales que incentive al
ciudadano a reclamar sus derechos
constitucionales ante la Sala del mismo
nombre.
Es así, como Arnulfo Cano debe armarse
de paciencia, tanto como la que tuvo cuando
afrontó la cárcel.
Cano presentó un recurso de
hábeas corpus o exhibición
personal por detención ilegal ante la
Corte, el pasado septiembre. Además de un
amparo constitucional por supuestas violaciones
en su contra. Hasta la fecha no hay respuesta de
dichos recurso, ni negativa ni positiva.
Mientras tanto y hasta que el anteproyecto de
una nueva ley procedimientos constitucionales no
llegue a la Asamblea y pase por los filtros
correspondientes de aprobación, Cano
tendrá que armarse de paciencia para que
su demanda sea procesada con base en la obsoleta
ley, vigente desde hace más de 41
años, según precisó Solano.
El cambio de ley podría ser hasta el
próximo año, dijo el funcionario.
Básicamente, según el
magistrado Solano, una vez presentada una
demanda de amparo, esta es analizada,
preliminarmente, para ver si procede o no la
misma. En esta etapa, la demanda puede ser
admitida, rechazada o prevenida por los
magistrados.
Si es admitida entra a un período de
análisis a profundidad sobre los alegatos
de inconstitucionalidad, no sin antes pasar por
los trámites burocráticos en que
se manda a oír a las partes, lo cual
tiene plazos de tiempo, pero estos nunca son
respetados por las partes y alargan los
procesos.
Otra etapa
En un proceso por indemnización, como
es el caso de Cano, abogados consultados por
este matutino dijeron que tras la sentencia
definitiva del amparo y si es favorable al
demandantes, la Corte deja "expedito" o da luz
verde para que el favorecido inicie un proceso
por indemnización en contra del Estado,
pero ante un Juzgado de lo Civil. En estos, los
procesos se extienden hasta por varios
años, pues son depurados con base en el
Código Civil, una ley tan antigua
quizá, como la misma República de
El Salvador. La Corte también pretende
reformar dicho código para
modernizarlo.
El sistema contribuye a la
impunidad
Una de las principales razones por que los
ciudadanos no buscan que se hagan cumplir sus
derechos es por la burocracia y lentitud de los
procesos en las diferentes instancias. Este
sistema contribuye a la impunidad.
Algunos jueces consultados por este matutino
y que prefirieron no identificarse coincidieron
en ello.
Muy a pesar del estudio de las Naciones
Unidas, de 1999 &emdash;ver tabla
arriba&emdash;, que ubica a El Salvador en el
tercer lugar en la región entre cuyas
poblaciones buscan el trámite de amparos
constitucionales, en la práctica las
cosas son muy distintas.
Para los funcionarios judiciales, se deben
reformar otras leyes, más allá de
las penales, que desde 1998 hacen mucho
más acelerados los procesos
judiciales.
Existen otras áreas, como la
mercantil, la civil y la misma constitucional en
el seno de la Corte Suprema. Es allí
donde se tramitan los alegatos de demandas
constitucionales.
Más allá de las leyes,
también se deben modernizar las
instituciones, dijeron los consultados. Los
trámites burocráticos y la
desestimación de demandas, a nivel fiscal
o judicial, es otro factor que desalienta al
ciudadano.
Se trata de una reingeniería completa
que lleve al desarrollo del respeto de los
derechos y no sólo de los deberes,
concluyeron.
