Sí,
pero bien hechas
Privatizaciones,
concesiones y transformaciones…
León
Moncada Cuéllar*
El neo-liberalismo, que tanta polémica
genera y tantas pasiones enciende, se ha
implementado con peculiaridades e intensidades
diversas en los distintos países, siendo
difícil y prematuro emitir juicio sobre
el nivel de éxito alcanzado. Pero hay una
parte fundamental del modelo de la que sí
pueden sacarse algunas conclusiones: la
privatización de empresas estatales, la
concesión de servicios públicos y
los procesos de transformación de
instituciones, que han tenido como factor
común las agrias polémicas entre
defensores y detractores del modelo, entre
derechas e izquierdas políticas.
El tiempo parece haber dado la razón
al modelo, pues se ha demostrado una y otra vez
que en la medida que el Estado incrementa su
injerencia en la vida económica de la
sociedad, el crecimiento y la estabilidad se
desploman, y que los servicios que prestan las
empresas privadas, por regla general, superan a
los que prestan las empresas públicas.
Sin embargo, parte del discurso de los que
atacan el modelo parece tener
sustentación real: en la práctica
se han dado, y continúan dándose,
casos de casos, siempre en beneficio de actores
de los procesos de privatización o
airados defensores de su conveniencia.
Ha habido privatizaciones para reducir
déficit fiscales o permitir a los
gobiernos cumplir con obligaciones
específicas, sin considerar su
conveniencia o de si es el momento oportuno para
hacerlo. Algunos procesos han sido mal
diseñados o mal implementados y, por
ende, han generado ingresos mucho menores a las
arcas estatales. También hemos sido
testigos de procesos de privatización
fraudulentos, en los que compradores y
vendedores se han apropiado de parte del justo
precio de los activos que pertenecen a todo un
pueblo.
En último caso, casi todas las
decisiones de privatizar se han tomado sin que
la sociedad tenga una legislación que
evite eficazmente abusos de parte del nuevo
proveedor de servicios hacia el consumidor
(pueblo en general). Las débiles e
incipientes instituciones de nuestros
países poco aportan en el intento de
legislar y regular en forma adecuada la
prestación de los servicios en el nuevo
esquema. Como resultado de poner la carreta
delante de los bueyes, el consumidor resulta
pagando precios mayores que no guardan
relación con la mejora en los
servicios.
Para muestra, un botón. En el actual
problema del sistema de transporte
público en El Salvador se ve a las claras
que las posiciones de los distintos grupos
políticos dependen de su actitud ante el
modelo neoliberal en general y de previas
experiencias de privatizaciones y concesiones en
el país. En este caso, los esfuerzos del
gobierno a todas luces parecen estar encaminados
a transformar y modernizar un sistema viciado,
corrupto y arcaico y a deshacerse de las
gremiales conflictivas y cancerosas que
solamente defienden sus privilegios (ganados en
mesas de negociación de dudosa
transparencia).
Sin embargo, la izquierda sólo logra
articular comentarios relativos a oscuros
intereses de distribuidores de vehículos,
grandes empresarios que se aprovecharán
del nuevo esquema y futuras alzas a las tarifas.
Con ello, empañan el proceso de
modernización, confundiendo a muchas
personas que dejan de percibir los beneficios de
la transformación a causa del mito (que
ya ha sido realidad en otras ocasiones) de que
las cosas se hacen para beneficio de unos
pocos.
En resumen, reciban un voto de confianza los
esfuerzos del gobierno del Lic. Francisco Flores
por sanear y modernizar el sistema de transporte
público. Reciban también un voto
de confianza los esfuerzos de dar el
protagonismo al mercado y a la propiedad
privada. ¡Pero que las cosas se hagan
bien!
