El público está siendo
víctima de una campaña de
desinformación sobre los problemas del
Documento Único de Identidad (DUI) en la
que, de manera involuntaria, han caído
los medios de información. Desde hace ya
meses, se incita a creer que las tardanzas,
dificultades y molestias que sufre la gente para
obtener el documento son culpa de la empresa
encargada, cuando las evidencias apuntan en otra
dirección.
El DUI, elaborado con tecnología punta
muy superior a la utilizada para emitir el
Carné Electoral, viene a solucionar una
necesidad muy importante: la falta de un
documento totalmente confiable, imposible de
falsificar y que de una vez por todas llene las
exigencias electorales, civiles y legales. El
carné físico es superior en
calidad a las licencias de conducir
estadounidenses y europeas, contiene
información clave para identificar a su
dueño y encripta datos
confidenciales.
En investigaciones realizadas por este
periódico, se establece que el concurso
de adjudicación fue efectuado en forma
transparente. La empresa ganadora, DOCUSAL,
cotizó sus servicios más de una
decena de millones de dólares por debajo
del siguiente ofertante. Además, la
tecnología empleada es la usada en
Guatemala y México para extender
documentos de identidad y licencias de
conducir.
Ganada la licitación, la empresa
invirtió varios millones de
dólares en adquirir los equipos
requeridos, que se deben fabricar
individualmente de acuerdo con precisas
especificaciones. Esta clase de sofisticados
sistemas no está a la venta en
escaparates, sino que se diseñan y arman
para satisfacer necesidades muy
específicas.
En tal punto es que comenzó la
extraña sucesión de hechos, que
retardaron la puesta en marcha de la
carnetización, se incrementaron las
exigencias a la empresa ganadora y se
montó el engaño al público.
¿Quién va a
aprovechar ese censo?
Hasta donde hemos podido establecer, los
responsables del ente gubernamental encargado
del proyecto, el Registro Nacional de las
Personas Naturales (RNPN), comenzó a
poner toda suerte de obstáculos a
DOCUSAL. Por datos obtenidos tanto de empleados
de una parte como de la otra, por meses los
directivos de RNPN cortaron la
comunicación con DOCUSAL y negaron las
autorizaciones para echar adelante la tarea. Y
cuando se daba permiso para una cosa, se
planteaban nuevas demandas. Una de ellas fue
forzar a la empresa encargada a bajar sus
precios, pese a que las condiciones y los
precios fueron establecidos en un contrato
resultante de una licitación
pública internacional. Este solo hecho
empaña gravemente la reputación de
El Salvador como un Estado confiable para
inversionistas extranjeros, que después
de pactar un arreglo, descubren que lo pactado
puede ser alterado por una de las partes.
Pero además de los retrasos originados
por la obstinada negativa del RNPN a autorizar
los movimientos necesarios para que DOCUSAL
iniciara operaciones y de obligarlos a aceptar
precios menores, se incrementaron las
exigencias. Para establecer la identidad son
suficientes veinte datos; pero de pronto el RNPN
impone un nuevo cuadro de ciento veinte datos,
cien más que los originales, que son la
principal causa del tiempo adicional e
innecesario que pasan los ciudadanos para
conseguir su DUI.
De hecho, el RNPN quiere que DOCUSAL le haga
un censo gratis, sin que esté claro
quién ordenó ese censo, si es
legal exigir a las personas tal clase de
detalladas informaciones sobre sus vidas, o
quién va a aprovecharlas.
