Sábado 15 de diciembre 2001



Flores acatará orden de CSJ

Francisco Flores está dispuesto a someterse a lo que la Corte Suprema de Justicia resuelva en el caso de las esquelas impuestas de manera ilegal

Roxana Huezo
El Diario de Hoy

Los encargados de sancionar a los conductores que violen la Ley de Tránsito parecen estar huérfanos de bases legales para imponer esquelas.

Francisco Flores, presidente de la República, no admite que se haya estado cometiendo un error jurídico.

Pero hace dos semanas, el ministro de Obras Públicas, José Ángel Quirós, aceptó la ilegalidad ante los diputados de la comisión ad hoc del transporte de la Asamblea Legislativa.

El mandatario asegura que respeta las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Eso significa que si la CSJ dice han castigado a los automovilistas infractores de manera errónea, lo acatará.

"Esperamos que venga la resolución", sentenció Flores.

En el contenido del pronunciamiento de la CSJ, Flores espera también recibir la salida del problema.

"Esperamos que cuando la Corte nos notifique oficialmente de este caso nos indique cómo subsanar eso", acotó.

El Ejecutivo todavía no tiene muy claro si debe emitir una nueva ley o reformar la que se encuentra vigente (Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre).

"Si la Corte manda que debe ser a través de una ley, obviamente, nosotros estaríamos trabajando en esa normativa para presentarla a la Asamblea Legislativa", dijo.

Si eso sucediera, el Estado se vería obligado a devolverle el dinero a todas las personas que han sido multadas.

La CSJ favoreció a 22 ciudadanos de 44 que interpusieron un recurso de amparo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, aduciendo que el motivo de la esquela impuesta no existe en la ley.

Los magistrados de la Sala consideran que las sanciones deben estar incluidas en la normativa y no en el reglamento.

De acuerdo con la escalera de aplicación jurídica, la ley está por encima de los reglamentos.

Por eso, las esquelas han sido invalidadas.

Los diputados del partido en el gobierno que integran la comisión ad hoc del transporte intentaron llenar el vacío legal.

Propusieron reformar la ley vigente. La acción se la consumió el impulso y no dio frutos.

Lo que temen los areneros es que se genere una escalada de quejas ante la CSJ y nadie obedezca las reglas de tránsito.

No existe una redacción final de los cambios que le harían a la normativa.


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